El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) solicitó a la Junta Central Electoral (JCE) rechazar la solicitud formulada por Partido Revolucionario Moderno (PRM) para suspender tres procesos de licitaciones de compras y contrataciones de bienes y servicios que semanas atrás había iniciado el Plan Social de la Presidencia, bajo el argumento de que dichos bienes serían utilizados para compra la conciencia y el voto de los ciudadanos.
En una instancia suscrita por el delegado político del PLD ante la JCE, José Ramón Fadul, y el Secretario de Asuntos Jurídicos José Dantés Díaz, el PLD recuerda que el Plan de Asistencia Social de la Presidencia de la República es una institución dirigida a suplir las necesidades de alimentación, salud, techo y educación a sectores y personas que viven por debajo de los niveles de pobreza y que, con el objetivo de cumplir con su misión institucional, el PSP ha realizado en el pasado, y realiza, procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios y, desde el 2006, lo ha hecho amparado en la Ley No. 340-06 que rige la materia.
Lo primero que deseamos resaltar es que las labores del Plan Social de la Presidencia , incluyendo la solicitud de compras y contrataciones de bienes y servicios que denuncia el PRM, no se corresponden a acciones sociales o comunitarias extraordinarias, sino que se trata de solicitudes de compras y contrataciones de bienes y servicios rutinarias incluidas en su Plan Anual de Compras y Contrataciones desde el año 2017 hasta el presente año 2020 que son imprescindibles para cumplir con la misión del programa solicitudes formuladas en el marco de la ley que rige la materia y observando fielmente lo que ella prescribe.
“Pretender que el Plan Social de la Presidencia, y que cualquier otra institución del Estado, suspenda su labor rutinaria e incumpla con sus funciones misionales durante los meses en que se desarrolle el proceso electoral, equivaldría a paralizar las políticas públicas estatales y, en consecuencia, violar la Constitución y las leyes que rigen la administración pública, las cuales se verían imposibilitadas de ofrecer cualquier tipo de servicio público a la población dominicana, no cumpliendo así el Estado dominicano con su función esencial de proteger, efectivamente, los derechos de las personas y el respeto de su dignidad dentro de un marco de justicia social[1], por lo que el desacato al mandato de la Constitución y la ley no es una opción” se precisa en el documento del PLD .
Considera entonces que la solicitud que ha formulado el PRM para suspender los procesos de compras y contrataciones del PSP, es improcedente, infundada y carente de toda base legal.
