La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha presentado querellas penales contra la comunicadora Ingrid Jorge y el youtuber Ángel Martínez, solicitando una indemnización de RD$50 millones a cada uno por presunta difamación, injuria y amenazas de divulgar contenido íntimo.
Las acciones legales, interpuestas ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, se basan en declaraciones públicas donde ambos acusados vinculan a Raful con actividades del narcotráfico y afirman poseer videos comprometedores de la funcionaria.
El abogado de Raful, Miguel Valerio, calificó estas acusaciones como «falsas, difamatorias e hirientes», destacando que afectan no solo la imagen pública de la ministra, sino también su entorno familiar.
En caso de ser hallados culpables, Jorge y Martínez podrían enfrentar penas de prisión de tres meses a un año, además de las multas correspondientes, según lo estipulado en la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el Código Penal Dominicano.
Este caso ha generado un amplio debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad en el uso de plataformas digitales, especialmente cuando se trata de figuras públicas y la difusión de información no verificada.
