La imputación del Ministerio Público, dentro de la denominada Operación Cobra, expone cómo el dinero desviado del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) fue canalizado a través de una red de sociedades de carpeta, usadas para blanquear fondos, disfrazar pagos y ocultar enriquecimiento ilícito.
Entre los imputados mencionados figuran Santiago Marcelo Hazim Albainy, Germán Rafael Robles Quiñones, empresarios vinculados a Hatom, Socoa Salud, Sibila, Getsalud, Azusalud, JCMV Despacho Legal, la Fundación NM Rehabilitación, así como responsables de Nutri-Med, DOM TOTAL y KHERSUN.
El expediente demuestra que estas entidades no tenían capacidad técnica, logística ni sanitaria para justificar los millones facturados.
El Ministerio Público documenta cobros ilegales por vacunas gratuitas del PAI, sobrefacturación con vacunas combinadas desagregadas, servicios ambulatorios ficticios y pagos triangulados entre empresas para ocultar el origen ilícito de los fondos.
A esto se suma el hallazgo de una sociedad en Panamá, Rioja Management S.A., en la que uno de los principales imputados figuró como directivo durante más de dos décadas sin declararla, lo que el órgano persecutor interpreta como ocultamiento patrimonial deliberado.
Para el Ministerio Público, la estructura estaba diseñada para simular un ecosistema de proveedores que justificaba contratos millonarios, mientras el dinero terminaba circulando en cuentas privadas y empresas creadas exclusivamente para esconderlo.
