El expediente de Operación Cobra, elaborado por el Ministerio Público , establece con claridad que la alta dirección de SeNaSa —encabezada por Santiago Hazim Albainy— tenía conocimiento pleno y documentado del deterioro financiero y de las irregularidades que se acumulaban en la institución.
El CFO, Jaime Licairac, remitió informes con alertas de la SISALRIL, análisis actuariales, desviaciones presupuestarias y señales claras de colapso. Sin embargo, según la acusación, la dirección ejecutiva optó por ignorarlo todo y continuar autorizando operaciones de alto valor sin controles reales.
El Ministerio Público sostiene que esta conducta revela dolo, negligencia grave intencional y una violación flagrante de los deberes fiduciarios por parte de quienes debían proteger los recursos públicos.
Para la Procuraduría, la desconexión entre la gobernanza formal y las operaciones reales no fue un accidente: fue un acto deliberado que permitió la continuidad del fraude y consolidó el desfalco.
