El Día Internacional de la Mujer en América Latina, trae una serie de reclamos de miles de mujeres que buscan mas igualdad de género, politicas publicas mas efectivas y mayor castigo contra los feminicidios que arropan la región.
En República Dominicana, miles de dominicanos reclaman a las autoridades crear mecanismos para detener la ola de feminicidios que sacude al país y exigir que se ejecuten políticas eficaces para frenar ese flagelo que ha causado la muerte de cientos de mujeres cada año.
Dos problemáticas que representan un atentado hacia la dignidad de la mujer, son las desigualdades que aún persisten entre el hombre y la mujer en el ejercicio de sus derechos y las distintas formas de violencia a que se ven sometidas, que son un reflejo de patrones culturales que la visualizan como objeto de dominio y posesión masculina.
En Argentina se convertirá en el tercer país de América Latina, después de Cuba y Uruguay, en permitir la interrupción voluntaria del embarazo sin restricciones. Y podría impactar en el resto de la región. Por eso este año las feministas latinoamericanas tendrán una atención especial en lo que ocurra en el sur.
En México el aborto sólo es válido sin causales, sólo con la voluntad de la mujer, en la capital y en Oaxaca. El Código Penal Federal todavía mantiene como agravante para aumentar la pena por aborto «mala fama» de la mujer, pero la lucha de este año se ha concentrado en los femicidios. Los asesinatos de la joven Ingrid Escamilla y Fátima, una niña de siete años, provocaron una conmoción social que fortaleció a los colectivos de mujeres.
El hartazgo social es imparable y el presidente Andrés Manuel López Obrador no da respuestas satisfactorias. No presenta planes, objetivos ni metas concretas. Por eso, además de marchar el 8M, las feministas realizarán el 9 de marzo un Paro Nacional que ha logrado una inédita adhesión.
La idea es visibilizar la importancia del peso de las mujeres en un país en el que representan más del 50 % de la población y del electorado. Las protestas se llevarán a cabo en medio de un clima polarizado en el que la oposición política y periodística trata de sacar ventaja para usar las luchas feministas como pretexto para atacar al gobierno, así que las militantes enfrentan el esfuerzo extra de sacudirse a los oportunistas.
En Colombia, el aborto tomó centralidad previo a la marcha del 8M. Ese derecho fue aprobado en 2006 con tres causales: si la vida de la mujer está en peligro, si el bebé presenta malformaciones que ponen en peligro su vida o si es producto de una violación, pero este año un caso de aborto a los siete meses de gestación desató una nueva confrontación entre un juez, que promovió la despenalización hasta las primeras 16 semanas, y grupos conservadores, que querían restablecer la prohibición y penalización total. Apenas el pasado lunes, la Corte Constitucional decidió no hacer cambio alguno y dejar la ley tal como se aprobó hace 14 años, pero el debate demostró que las presiones para retroceder en la legislación están vigentes.
«Por la vida de las mujeres, somos todas Marielle», será uno de los lemas principales del 8M en Brasil, ya que el próximo 14 de marzo se cumplen dos años del asesinato de Marielle Franco, la concejala y activista por los derechos de las mujeres y la diversidad sexual. El crimen siempre ha sido minimizado, y algunas veces incluso celebrado, por el presidente Jair Bolsonaro, quien es conocido por su machismo, sexismo y misoginia que atraviesa fronteras, tanto, que hasta se llegó a burlar de la esposa del presidente de Francia Emmanuel Macron. Además de exigir justicia por Franco, las brasileñas tienen bajo el brazo denuncias contra los múltiples tipos de violencia de género y, en particular, la discriminación que padecen las mujeres negras.
Desde Bolivia, la marcha de las mujeres se enmarca en las precampañas con miras a las elecciones presidenciales del 3 de mayo, en las que el país intentará recuperar la democracia que se perdió con el golpe de Estado que Evo Morales sufrió el 10 de noviembre. Desde ese día, diferentes colectivos comenzaron a organizarse a partir de sus identidades propias, ya fueran trans, lesbianas o cholas, de comunidades indígenas o de las principales ciudades que comparten la presión de una sociedad profundamente patriarcal. En noviembre ya realizaron el Primer Parlamento de Mujeres en La Paz y se visibilizarán aún más este domingo.
Las represiones a las protestas sociales en Chile que estallaron el año pasado han tenido un cariz especial con las denuncias de abusos sexuales contra las manifestantes por parte de las fuerzas de Seguridad. La crisis obligó al presidente Sebastián Piñera a convocar a un plebiscito que se realizará el próximo 27 de abril y en el que las y los chilenos decidirán si aprueban o rechazan la elaboración de una nueva Constitución. El Congreso ya aprobó la iniciativa para que, en una eventual convención constituyente, se garantice la paridad de género entre sus participantes.
«Necesitamos una Constitución feminista», ya advirtieron organizaciones de mujeres que marcharán el 8M al amparo de este reclamo y que ya anunciaron que también habrá «cacerolazos» contra el gobierno. Para el 9 de marzo hay un llamado a una huelga general similar al paro en México, más una manifestación frente a La Moneda, la sede presidencial.
En Venezuela, en donde habrá una vigilia, la emergencia es, como en el resto de la región, por los femicidios y las agresiones contra las mujeres en un país particularmente violento. Tan solo este año, de acuerdo con datos del colectivo La Araña Feminista, 43 mujeres han sido asesinadas. Otro reclamo al gobierno de Nicolás Maduro son las violaciones a los derechos humanos de la población trans.
Entre los feminismos centroamericanos, la marcha del 8M en El Salvador, uno de los cinco países en todo el mundo que prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia, será apenas un anticipo del XV Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que se realizará en noviembre. Aquí, hay problemáticas centrales que afectan a las mujeres como el desplazamiento forzado y la violencia contra defensoras de derechos humanos que se suman a las agresiones generalizadas en todos los ámbitos. La penalización total del aborto, por ejemplo, ha provocado que muchas mujeres sean condenadas hasta a 40 años por haber interrumpido voluntariamente su embarazo después de enfrentar emergencias obstétricas y/o partos extrahospitalarios.
