SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público puso en marcha la Operación Onco14, una investigación que derivó en el arresto de tres exdirectivos vinculados al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, acusados de integrar una estructura que presuntamente desvió millones de pesos destinados a la atención de pacientes oncológicos y que afectó económicamente al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La operación fue ejecutada de manera conjunta por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago.
Como parte de las acciones fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC); Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del principal imputado, quien ocupó los cargos de vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato.
Según el expediente, los imputados, junto a las razones sociales Vargas Lora & Asociados, actualmente denominada Vargas Guzmán Accounting Center, y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, habrían utilizado diversos mecanismos fraudulentos para sustraer fondos destinados al tratamiento de pacientes con cáncer y recursos provenientes del Estado a través del SeNaSa.
El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, explicó que esta es la tercera estructura criminal identificada dentro de las investigaciones relacionadas con el fraude al SeNaSa, proceso que se inició tras las pesquisas desarrolladas durante la Operación Cobra.
Camacho destacó además el respaldo brindado por la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), cuyos operativos permitieron ocupar dinero en efectivo, un arma de fuego, vehículos, documentos, títulos de propiedad, computadoras, teléfonos celulares, equipos DVR y otras evidencias que serán incorporadas al proceso judicial.
Permanencia prolongada en el cargo
La investigación establece que Héctor Antonio Lora Cruceta fue designado presidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y del Instituto Oncológico Regional del Cibao el 9 de octubre de 2018.
Aunque los estatutos de la entidad establecen que el cargo debe ejercerse por un período de dos años, el imputado permaneció en funciones hasta el 6 de octubre de 2025.
De acuerdo con el Ministerio Público, durante ese período la estructura habría contado con la colaboración de empleados y personas vinculadas a la institución, quienes actuaron de manera coordinada para desviar recursos económicos administrados por el patronato, fondos que estaban destinados a la atención médica de pacientes con cáncer atendidos en el IORC.
Acusaciones
Los imputados deberán responder ante la justicia por presunta asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, soborno, delitos de alta tecnología relacionados con acceso ilícito y uso indebido de códigos de acceso, así como por lavado de activos.
El órgano acusador sostiene que las acciones ejecutadas perjudicaron tanto al Estado dominicano como a miles de afiliados del SeNaSa, especialmente a pacientes del régimen subsidiado que dependían de los servicios ofrecidos por el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Fundado en octubre de 1964, el IORC es una institución dedicada a la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes con cáncer y enfermedades relacionadas en toda la región del Cibao.
El Ministerio Público sostiene que las evidencias recopiladas apuntan a que Lora Cruceta buscó mantener el control de la institución con el objetivo de disponer de sus recursos económicos y aprovechar las aportaciones estatales destinadas a costear tratamientos de personas afectadas por esta enfermedad.
La Operación Onco14 forma parte de los esfuerzos de las autoridades para perseguir estructuras que habrían utilizado fondos públicos del sistema de salud mediante esquemas fraudulentos en perjuicio de los contribuyentes y de pacientes que requerían atención médica especializada.
