SANTO DOMINGO. – La Superintendencia de Electricidad (SIE) se encuentra en el centro de un intenso debate nacional tras defender la aplicación de un cargo del 25 % a los usuarios con sistemas de paneles solares.
La medida, justificada por las autoridades como un «cargo por uso de red», ha provocado el rechazo unánime de sectores políticos, ambientalistas y asociaciones de usuarios de energía renovable.
A través de su Dirección de Regulación, la SIE aclaró que este cobro no representa una doble tributación, sino un complemento económico necesario.
Según el órgano regulador, los clientes de generación distribuida continúan utilizando la infraestructura y las redes de las empresas distribuidoras (EDE) para inyectar sus excedentes y abastecerse cuando no hay sol, por lo que deben contribuir a la sostenibilidad financiera y al mantenimiento del sistema eléctrico nacional.
La reacción de la oposición y de los sectores afectados no se ha hecho esperar. La Secretaría de Energía y Minas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) calificó la medida de «irregular y arbitraria».
El bloque político exigió el cese inmediato del cobro del 25 % a todos los usuarios protegidos por el periodo de transición estipulado en las normativas, demandando además la devolución retroactiva del dinero facturado bajo este concepto.
Por su parte, defensores de las energías limpias y líderes comunitarios manifestaron su rotundo rechazo en las recientes vistas públicas sobre el nuevo reglamento de generación distribuida.
Los manifestantes denuncian una total falta de transparencia por parte de las EDE al momento de desglosar la energía inyectada y retirada, advirtiendo que este cargo desincentiva la inversión privada en energía verde y aleja al país de sus metas de sostenibilidad ambiental.
Mientras la SIE insiste en que busca un equilibrio para garantizar la estabilidad del suministro, los usuarios de paneles solares temen que este incremento afecte drásticamente el tiempo de retorno de sus inversiones.
La presión social y política continúa en aumento, dejando abierta la posibilidad de que el reglamento sea revisado ante los tribunales o mediante nuevas mesas de diálogo técnico.
