Este sábado una gran cantidad de personas en la ciudad de Christchurch (Nueva Zelanda) entregaron sus armas de fuego semiautomáticas como parte de un programa del Gobierno. La medida busca restringir el uso de cierto tipo de armas tras las masacres del mes de marzo en dos mezquitas, que dejaron decenas de fallecidos, informa el medio local NZ Herald.
Esta mañana empezó la primera de las 258 recolecciones planificadas en todo el país, concluyendo con la entrega por parte de 169 propietarios de 224 armas de fuego y 217 accesorios, informó la Policía. En total, a los usuarios que decidieron acogerse a la medida ese día se les pagó una suma cercana a los 300.000 dólares.
Experiencia positiva
«Ha sido una experiencia muy positiva, estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado hoy», expresó el comandante de policía Mike Johnson, quien espera que los resultados de esta primera recolección aumenten la confianza en el proceso.
El Gobierno neozelandés reservó una suma de más de 133 millones de dólares para la compra de armas, y la incrementará en caso de ser necesario, aseguró Stuart Nash, ministro de Policía.
«No pensé que este sería un proceso justo en absoluto; no estaba particularmente contento con ello. Pero el resultado fue bueno y lo manejaron bien», afirmó un hombre que asistió al evento y logró obtener cerca de 8.600 dólares por su arma de caza semiautomática.
Víctimas mortales en mezquitas
La iniciativa del Gobierno de Nueva Zelanda surgió después de los tiroteos que dejaron varias víctimas mortales en dos mezquitas de la ciudad de Christchurch. El mismo día, la Policía también identificó una serie de bombas improvisadas en diversos vehículos situados en los alrededores de los fatídicos tiroteos.
Después de los dos ataques, en el mes de abril el Parlamento neozelandés aprobó una reforma a la ley de armas, según Reuters. El plan del Gobierno otorga un plazo hasta el 30 de septiembre para que las personas entreguen las armas prohibidas, entre las que se incluyen semiautomáticas, a cambio de una compensación económica. La medida busca evitar que hechos similares a los ocurridos en Christchurch vuelvan a suceder.
