Fuentes han indicado a distintos medios de comunicación, que en una reunión efectuada la pasada semana entre el conciliador designado por el Poder Judicial, José Enrique Pérez, la abogada Carolyn Jáquez, el abogado Marcos Troncoso como auxiliar experto; Ricardo y Laura Munné acompañados de sus asesores Raymundo Haché, Francisco Álvarez, Julio Fernández y Mariano Tolosa por la parte deudora, los acreedores con derecho a voto expresaron su desinterés de recibir el 70% de lo adeudado.
Enrique Pérez, indicó en la reunión que, si bien no se está en un estado de ilegalidad, el Tribunal quiere que se llegue a un acuerdo de reestructuración o bien ir a liquidación, antes del 18 de diciembre del 2020. Además, resaltó “cada parte ha expresado su propuesta y la de Munné ha sido abonar, en un plazo de 360 días, el 70% de lo adeudado para los quirografarios y el 60% a los subordinados dentro de los que se encuentran los intereses devengados a la fecha de inicio del proceso de Reestructuración”.
El asesor Raymundo Haché, expresó la voluntad de mejorar aún más el tiempo de pago, asumiendo que se abonará el 70% en un plazo de 180 días. Laura Munné, por su parte, explicó nuevamente que todo el valor que se lograra obtener de los activos de la Compañía será para pagarle a los acreedores.
“El flujo de fondos no da para pagar más del 70% a los inversionistas, es por eso que necesitamos un acuerdo entre ambas partes en que deba estar legitimado por el Tribunal para que cualquiera de los interesados pueda acceder a los beneficios futuros presentado por Munné”– expresó, Julio Fernández, asesor de la banca de inversión.
El asesor experto, Marcos Troncoso, sugirió analizar junto a otro experto los flujos futuros incluidos en el Data Room para ver si los mismos alcanzan para pagar el 70%, o si pudieran alcanzar para pagar un monto mayor. Adicionalmente, instó a los acreedores con derecho a voto a analizar esta posibilidad antes de caer en liquidación donde no lograrían recuperar tampoco el 100% sino mucho menos.
Carolyn Jáquez (abogada) quien explicó las posibilidades que tienen de cobrar si llegan al acuerdo y que, si dicho acuerdo no se cumplía por parte de Munné, pues entonces el tribunal determinará automáticamente la liquidación de la empresa que, en caso de liquidación, los activos de la compañía perderían su valor a partir de línea su cierre, por una depreciación acelerada al estar inoperativa, a la vez que se generarían acreencias privilegiadas con todos los empleados y con la DGII.
“Estamos a la disposición de escribir una carta de intención para llevar adelante ese acuerdo y pediremos que la próxima reunión fuera en SFM y que ellos serían los garantes de la seguridad de los Munné para que puedan ir a SFM”, aseguró el Dr. Francisco Francisco.
De esta forma sorprendente, a pesar de las múltiples acciones de la empresa Munné por devolverle el dinero a las personas afectadas por el fraude que hubo, existe un sinnúmero de votantes que se niegan y pone en juego el dinero de miles de familias.
