Los órganos de persecución del Ministerio Público reafirmaron su interés de que el Caso Medusa se conozca sin la afectación de derechos a ninguno de los implicados, razón por la que calificaron de válida la solicitud de aplazamiento presentada este viernes por las defensas técnicas de los imputados.
“Las defensas pidieron el aplazamiento debido a que ellos mismos reconocen el alto volumen de evidencias que ha aportado el Ministerio Público”, explicó Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), unidad que lleva la investigación junto a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que dirige Yeni Berenice Reynoso.
“Hemos aportado 5,800 páginas de evidencias, que son una muestra de que una vez más tenemos un caso blindado. Nosotros hemos entendido que ese es un pedimiento (el aplazamiento) de derecho, toda vez que a nosotros no nos interesa conocer este proceso con afectación de derechos fundamentales y hemos estado de acuerdo con que la defensa tenga el tiempo para que estudie la abrumadora cantidad de evidencias que ha aportado el Ministerio Público”, agregó.
Ante la petición de los abogados, la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, reenvió para el jueves 8 de julio el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados, para quienes el órgano de la acusación ha pedido prisión preventiva y la declaración de complejidad del caso.
El procurador adjunto Camacho explicó que el Ministerio Público trabaja en la ampliación de las investigaciones para procurar sanción contra todos los responsables del desfalco al Estado y otros delitos envueltos. Reveló que los órganos de persecución han hecho contacto con organismos internacionales para lograr el apresamiento de todos los involucrados en la red de corrupción desarticulada por la Operación Medusa.
“Hemos hecho contacto con organismos internacionales a fin de que asistan al Ministerio Público para arrestar a las personas que todavía no están en este proceso”, apuntó.
El órgano de la persecución penal ha solicitado prisión preventiva para los integrantes del entramado develado a través de la Operación Medusa, lo que, según dejó establecido Camacho, no es motivo para temer por la seguridad del exprocurador Jean Alain Rodríguez y sus antiguos colaboradores.
El sistema penitenciario tiene los protocolos necesarios para asegurar la vida de cualquier persona que sea enviada como interno”, insistió.
Además de Rodríguez, en el caso están implicados Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Stefano Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado. En el caso de Canó Sacco, se encuentra prófugo, pues salió del país, antes de que se le arrestara.
Según la acusación del Ministerio Público, integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Al responder preguntas de la prensa sobre la gravedad de que estos delitos se gesten desde la institución que debe perseguir los ilícitos, el procurador adjunto indicó que los fiscales que sirven al país trabajan en la línea de devolver a la institución a su misión de fomentar el respeto a la ley.
“Nuestra obligación como fiscales, y es el interés que ha tenido la señora procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, es regresar al Ministerio Público a su misión institucional; por eso, nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber, lo hacemos sin prisa, pero sin pausa y vamos a someter a todas las personas que nosotros tengamos evidencia que han cometido delitos de corrupción, aun hayan pertenecido a la institución del Ministerio Público”.
