El Ministerio Público solicitó condena de 10 años de prisión contra Ángel Rondón Rijo y Víctor Díaz Rúa, así como el decomiso de bienes, por su responsabilidad penal en el caso que se le sigue por recibir y distribuir los sobornos que Odebrecht admite que repartió en República Dominicana para agenciarse la adjudicación de obras estatales.
Para el imputado Conrado Pittaluga Arzeno, los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitaron una pena de siete años de prisión, mientras que para los coimputados Tommy Alberto Galán Grullón, Porfirio Andrés Bautista García y Juan Roberto Rodríguez Hernández solicitaron cinco años.
El Ministerio Público pidió, además, que todos los encartados sean condenados al pago de una multa de 200 salarios mínimos, que se ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado dominicano y que sean sentenciados al pago de las costas del proceso.
También, pidió el decomiso de productos financieros y cientos de bienes muebles e inmuebles obtenidos de manera ilícita por los procesados en este caso de corrupción administrativa.
“Nosotros estamos seguros, y la seguridad nos la da que siempre hemos obrado con relación a la verdad, en que hemos presentado pruebas legalmente obtenidas y en que ninguna de las pruebas de la defensa, que ya se aportaron antes, hacen variar las pruebas del Ministerio Público”, explicó la fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca.
“El Ministerio Público en el día de hoy ha cumplido con la promesa que le hicimos al pueblo dominicano de que íbamos a demostrar ante este tribunal la responsabilidad de los implicados en el caso Odebrecht, responsabilidad esta que quedó demostrada con cada uno de los elementos de prueba”, dijo.
Resaltó la “unión armónica” de todas las evidencias, alcanzada por los fiscales en los argumentos conclusivos del juicio de fondo que lleva el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. “Pruebas que este Ministerio Público presentó durante estos ochos meses de audiencia en el tribunal y pruebas que inequívocamente conducirán a la condena de los imputados”, sostuvo.
Planteó que el órgano de la persecución penal dejó claramente probado ante el tribunal, y con fuertes evidencias, la participación de los imputados en la comisión de delitos de corrupción y lavado de activos.
Sostuvo que el Ministerio Público ya informó, como lo planteó el procurador adjunto Wilson Camacho, que la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público realizan una investigación denominada Odebrecht 2.0, de la cual “todos verán los resultados”.
Recordó que en los alegatos de clausura los fiscales litigantes recogen toda la información que sirvieron al tribunal de manera dispersa en los últimos meses, “en un alegato coherente que muestre al tribunal cómo ocurrieron los hechos”.
La fiscal Ortiz respondió preguntas de los periodistas que la abordaron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, tras concluir la audiencia de este martes.
Recordó que la procuradora general de la República se mantiene ajena al proceso. “Como todos ustedes saben, la magistrada Miriam Germán se ha inhibido formalmente del caso Odebrecht, tras en la Suprema Corte de Justicia, haber quedado evidenciado, por ella misma, que tenía un vínculo de amistad con el señor Víctor Díaz”, añadió.
“Eso no es un secreto para nadie, y en base a esa realidad, la magistrada, de manera correcta, cuando llega al Ministerio Público, decide apartarse de este proceso, por tanto, para este caso la magistrada Miriam Germán no funge como procuradora general de la República, sino que esa responsabilidad recae sobre Rodolfo Espiñeira”, explicó.
Durante la audiencia de este martes, el fiscal Wagner Cubilete, quien forma parte del equipo litigante del Ministerio Público, inició con la solicitud de decomiso de bienes propiedad del imputado Rondón Rijo, luego de que el Ministerio Público estableciera que se enriqueció ilícitamente producto de sus actividades con Odebrecht a quien sirvió como representante comercial en el país.
El Ministerio Público pidió al tribunal que sean decomisados diferentes inmuebles ubicados en la Torre Caney, de la avenida Anacaona, en el Distrito Nacional, así como en Baní, provincia Peravia; Las Terrenas, en Samaná; San Pedro de Macorís, El Seibo, Higüey, La Altagracia y otras localidades del país, además de certificados de títulos, certificados de inversión y cuentas corrientes y de ahorro en pesos y dólares de diferentes entidades bancarias.
De igual manera, solicitó que sean confiscados los bienes muebles e inmuebles de los demás encartados.
En el caso del imputado Víctor José Díaz Rúa, solicitó la confiscación del yate de recreo La Balbi, de 60 pies de eslora, además de certificados de inversión e igualmente cuentas en pesos y dólares de distintos bancos.
Desde ayer lunes el Ministerio Público inició la presentación de sus alegatos de clausura sobre la acusación contra los seis implicados en el caso de los US$92 millones de soborno que distribuyó Odebrecht para lograr la adjudicación de obras en la República Dominicana.
En el proceso el Ministerio Público estableció que Rondón Rijo constituyó un entramado societario conformado por varias empresas que sirvieron para lavar dinero ilícito.
Planteó que el imputado Rondón Rijo, como parte de sus actividades para el lavado de activos, realizaba transferencias de fondos que son fruto del soborno desde las empresas de su propiedad Lashan y Conamsa hacia otras de sus firmas.
Destacó que en las pruebas correspondientes a los informes financieros aportadas por el Ministerio Público se evidencian las transacciones realizadas desde el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht a las cuentas de compañías del procesado.
Respecto al exsenador de San Cristóbal Tommy Alberto Galán Grullón, estableció que aumentó sus ingresos de forma ilegítima, destacando que su crecimiento patrimonial se produjo cuando la empresa Odebrecht estaba en pleno apogeo, “cuando se estaban desarrollando las obras de importancia que realizó esa compañía en el país”.
Los fiscales también probaron que el acusado Bautista García exhibió un enriquecimiento de más de más de 1,090 millones de pesos. En su participación presentaron al tribunal una lista de bienes inmuebles que fueron excluidos por el imputado en su declaración jurada de patrimonio.
En relación con el procesado Rodríguez Hernández, demostraron que ocultó informaciones relevantes en sus declaraciones juradas, además de que no declaró varias sociedades comerciales de las cuales formaba parte, entre ellas, algunas de las que tenía el 50% de las acciones, según las pruebas obtenidas.
Durante el juicio quedó demostrado que incurrió en actividades de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad en declaraciones juradas.
Asimismo, se evidenció que el imputado Díaz Rúa aumentó de manera exagerada su patrimonio mientras se desempeñó como funcionario público entre 2004 y 2012, período en el que firmó, a nombre del Estado, diversos contratos con la constructora brasileña.
En la declaración jurada de 2004, el encartado reportó activos por RD$63,532,898, mientras que en 2006 aumentó en RD$87,575,748.88, para situarse en RD$151,108,646.88, elevando su patrimonio declarado de manera exorbitante en 2008 a la suma de RD$414,083,066.53.
Además, el Ministerio Público demostró que el imputado Pittaluga Arzeno incurrió en complicidad en soborno o cohecho de funcionarios y que además actuó en complicidad con Díaz Rúa en el soborno y lavado de activos.
Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo dispusieron la continuación del juicio para el próximo jueves, cuando el imputado Rondón Rijo iniciará con la presentación de su discurso de clausura.
