Al asumir como presidente nacional del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), Dionisio Navarro, exigió al gobierno saldar la deuda acumulada de 1,500 millones de pesos a 312 contratistas de obras ejecutadas al Estado Dominicano.
Manifestó que esa situación constituye uno de los graves problemas que afecta el ejercicio profesional y, que preocupa al gremio, a sus profesionales de la construcción y a las instituciones contratantes.
Aseguró que al pasar el tiempo la práctica ha sido que el cambio de una administración los compromisos adquiridos por los organismos estatales no son reconocidos, lo que ha provocado una acumulación de deudas que afecta a personas físicas y jurídicas.
Nuestro colegio exige el pago de esta deuda a todos nuestros colegiados, y le aseguramos que nuestra gestión hará el mayor esfuerzo para que el Estado honre estos compromisos.
Agregó que no obstante las dificultades que se les han presentados a los contratistas para obtener el dinero adeudado, observa una luz en el camino para el reconocimiento de esta y posterior pago, gracias a la preocupación que ha manifestado el presidente Danilo Medina, quien ha dado instrucciones precisas para que esta situación sea resuelta.
El presidente del Codia dijo confiar la buena disposición de los titulares de las instituciones responsables de las deudas para la solución definitiva de este problema.
Durante su discurso, el ingeniero Navarro se refirió al ejercicio ilegal de las ingenierías y la arquitectura, lo que limita el accionar de los colegiados debido a que en muchos casos las plazas de trabajo están ocupadas por personas que ejercen ilegalmente sin ningún tipo de sanción como consecuencia de la debilidad institucional que adolece el país.
Sostuvo que hay diferentes modalidades de ejercicio irregular, entre ellas, empresas con obras adjudicadas sin tener el rubro “construcción”, contrato firmado sin contar con representante técnico miembros del Codia que lo represente y, personas no graduadas trabajando y firmando como ingenieros, arquitectos y agrimensores.
Afirmó que el Reglamento interno estatutario, en lo relativo a la ley 6200 sobre ejercicio profesional especifica las sanciones, aunque leves que deben ser impuestas a los violadores de la disposición.
En este sentido, adelantó que someterá en los próximos días ante el Congreso Nacional la modificación de esa legislación con un incremento de las multas y sanciones punitivas a las personas que ejerzan sin estar autorizadas legalmente.
Asimismo, dijo que solicitará a la Dirección de Compras y Contrataciones la revisión del rubro de las empresas contratadas para la ejecución de obras., y que estas al momento de suscribir un contrato deben estar debidamente representadas por un ingeniero o arquitecto.
Manifestó que las físicas o jurídicas, o los profesionales graduados, pero colegiados que sean sorprendidos ejecutando obras sin estar autorizados poniendo con ello la seguridad de la construcción y la vida de los ciudadanos serán sometidos sin contemplación a la acción de la justicia.
Navarro, quien sustituye en la presidencia del gremio al arquitecto Guarionex Gómez, estará acompañado durante su gestión por Francisco Marte, Luciano Herrera, Héctor Rivera, Nidia Abreu, Víctor Torres y Francisco González.
