La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, fue condenada hoy a 10 años de prisión luego de que un tribunal la encontrara culpable de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, en el marco del golpe de Estado que sufrió el expresidente Evo Morales en noviembre de 2019.
De esta forma culminó el primer juicio en contra de Áñez, quien se encuentra en prisión domiciliaria desde el año pasado y que, además, enfrentará otros procesos judiciales en los que se le imputan crímenes de lesa humanidad.
El proceso se llevó a cabo luego de una serie de retrasos, ya que debía comenzar el pasado 10 de febrero, pero fue suspendido en varias ocasiones por complicaciones técnicas, ya que debido a la pandemia se realizó vía remota, y por las constantes impugnaciones de los abogados de Áñez.
Finalmente, el juicio pudo comenzar el pasado 6 de junio en medio de una amplia expectativa, y con protestas permanentes en las puertas del Tribunal.
Áñez intentó por todos los medios suspender las audiencias, sobre todo por supuestos problemas de salud. Realizó huelgas de hambre, se descompensó, fue trasladada al hospital y después afirmó que padecía estrés, dolores de espalda y ataques de pánico.
Junto con sus abogados, también insistió en que el juicio era ilegal y solo respondía a una «venganza» del actual Gobierno. En sus declaraciones proclamó su inocencia, pidió perdón «por los errores cometidos» y aseguró que asumió como presidenta para «pacificar al país». Además, se definió como una «presa política».
La causa
Áñez protagonizó el juicio bautizado como ‘golpe de Estado II’, en el que se le acusó de asumir la presidencia el 12 de noviembre de 2019 sin cumplir los requisitos institucionales necesarios, apenas un par de días después de que el expresidente Evo Morales fuera obligado a dimitir.
Entre las múltiples anomalías citadas por la Fiscalía, destacó el hecho de que Áñez se colocó la banda presidencial en una sesión del Senado que no contaba con el quórum necesario para validar la ceremonia.
También acusó que, ante la forzada dimisión de Morales, la presidencia interina debía recaer en un legislador o legisladora del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), ya que tenían mayoría de escaños, y no en el bloque opositor del que Áñez formaba parte.
Junto con Áñez fueron juzgados el exjefe del Estado Mayor Flavio Gustavo Arce; y los excomandantes Pastor Mendieta (Ejército), Gonzalo Terceros (Fuerza Aérea) y Palmiro Jarjury (Fuerzas Armadas). La lista de imputados se completó con dos prófugos: el excomandante de la Policía Yuri Calderón y el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman.
Detención y otros juicios
Áñez, quien gobernó el país durante un año a partir de noviembre de 2019, fue detenida en marzo de 2021, solo cinco meses después de que Luis Arce, el candidato del MAS, ganara la presidencia en unas elecciones que representaron el regreso de la democracia en Bolivia.
Desde entonces había dos grandes causas judiciales en su contra. Una es la llamada ‘golpe de Estado I’, en la que se le imputan los delitos de sedición, terrorismo y conspiración, y que está en curso pero todavía sin llegar a juicio; y ‘golpe de Estado II’, que fue la que culminó hoy.
Además de su participación en el derrocamiento de Morales y su anómala asunción como presidenta, se investigan delitos de lesa humanidad referidas a las masacres de Sacaba y Senkata que llevaron a cabo las fuerzas de Seguridad y militares a su cargo durante los primeros días de su gobierno, y que dejaron un saldo de por lo menos 38 personas asesinadas y cientos más heridas.
Desde que fue detenida en la cárcel de Miraflores, ubicada en La Paz, Áñez exigió en varias ocasiones la prisión domiciliaria al considerar que era víctima de violencia institucional. Sin embargo, las autoridades bolivianas rechazaron sus peticiones.
Tampoco fue apoyada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que a fines del año pasado rechazó las medidas cautelares interpuestas por la expresidenta.
Antes y durante el juicio, Áñez desacreditó las investigaciones. Sin reconocer jamás el golpe de Estado, insistió en que solo se pretendía «borrar la historia» del «fraude» de Morales para llevar a cabo un «juicio ilegal» en contra de «defensores de la democracia, de la justicia y de la libertad».
Incluso llegó a señalar que asumió la presidencia «sin pedirlo, sin buscarlo y mucho menos esperarlo», y consideró que actualmente Bolivia parecía un país de «una época medieval y totalitaria» y con «presos políticos», condición que no le fue reconocida por ningún organismo nacional ni internacional.
Los únicos que la apoyaron fueron 21 expresidentes de derecha de América Latina y de España que consideraron que su detención era arbitraria.
«La expresidenta tiene derecho a gozar de un juicio en libertad, del debido proceso y de una tutela judicial efectiva», señalaron en una misiva los expresidentes Mauricio Macri (Argentina); Álvaro Uribe y Andrés Pastrana (Colombia), José María Aznar (España); y Vicente Fox y Felipe Calderón (México), entre otros.
Pero no sirvió ni para interrumpir el proceso, ni para evitar la primera condena en su contra.
