La Mesa de Trabajo Permanente del Sistema de Justicia de la República Dominicana realizó un descenso este lunes al centro de privación de libertad de La Victoria, donde afinó los detalles para el inicio del plan estratégico “Optimización del Proceso Penal”, con el que las autoridades se plantean la mejoría en el abordaje de la justicia penal y contribuir a descongestionar el sistema penitenciario.
Se trata de la cuarta reunión entre el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), la Defensa Pública, la Pastoral Penitenciaria, el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud, que han diseñado un programa “de urgencia” para acelerar las mejoras en el sistema penitenciario.
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La iniciativa busca, de forma inmediata, asistir a personas privadas de libertad en situación de vulnerabilidad y, con un abordaje más estructural, viabilizar la descongestión de los recintos penitenciarios, tomando como punto de partida La Victoria, ubicada en el distrito municipal de igual nombre, en Santo Domingo Norte.
Como parte de los avances hacia estas metas, la DGSPC recibió de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) una lista 58 nombres de personas privadas de libertad para fines de evaluación médica urgente por condiciones delicadas de salud, con miras a potenciales cambios de modalidad de la pena o de la medida de coerción, según el caso, un proceso que se ajustará a los debidos procedimientos de supervisión y validación. Además, 171 nombres, con el propósito de depurarlos en aspectos de ubicación y condición jurídica.
Por la DGSPC, recibieron a las autoridades judiciales Roberto Hernández Basilio, director general, e Hilda Patricia Lagombra, directora de Centros de Corrección y Rehabilitación, responsable de encabezar el proyecto como enlace con las demás instituciones que se han unido en el diseño de soluciones operativas que garanticen respuestas rápidas a los procesos judiciales.
Por la judicatura, participaron las magistradas María G. Garabito, jueza de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia; Yadira de Moya K., presidenta de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo y coordinadora del Departamento de Santo Domingo; Juliana Morfa, coordinadora de los Juzgados de Instrucción de la Cámara Penal de Santo Domingo; Mercedes Sena, jueza de Ejecución de la Pena de Santo Domingo, y el magistrado Rafael Báez García, de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, junto a funcionarios administrativos del Poder Judicial.
Por el Sistema Nacional de Salud estuvieron presentes las doctoras Yocasta Lara y Ana Katherine Arias, directora y encargada de gestión de Centros Hospitalarios, respectivamente.
Medidas para descongestionar
En la actualidad, La Victoria acoge a 7,677 personas privadas de libertad, de las cuales el 48% cumple condena y el 52% agota prisión preventiva como medida de coerción.
Además de validar la identificación, evaluación y depuración de las personas en condiciones de extrema vulnerabilidad, previo a aplicar la medida judicial que corresponda, las autoridades tienen como objetivo la agilización del proceso que se agota para la ejecución de las órdenes de libertad.
Como parte del plan de “Optimización del proceso penal”, la Suprema Corte de Justicia reactivará las operaciones de los tribunales móviles en el centro penitenciario más poblado del país, para lo cual ya las autoridades penitenciarias habilitaron los espacios correspondientes para recibir a los jueces asignados.
El director general de la DGSPC, Roberto Hernández Basilio, ha dicho que la entidad apoyará este plan con todos los recursos de que dispone para ofrecer las informaciones y, sobre todo, para facilitar el funcionamiento de los tribunales móviles, lo que contribuiría a reducir la cantidad de personas con estatus procesal de preventivos, una forma de mejorar las condiciones en los recintos.
Acciones médicas
Para elevar la eficiencia de los servicios sanitarios, se habilitarán médicos forenses de manera permanente en La Victoria, se dispondrá de un laboratorio móvil para realizar las analíticas sin necesidad de trasladar a los internos, mientras las autoridades del sistema de salud se comprometieron a facilitar el ingreso a los centros hospitalarios de las personas con problemas de salud y su abordaje adecuado al diagnóstico, proveer las ambulancias para el traslado cuando sea necesario y mantener un suministro adecuado de medicamentos.
Además, se acordó la designación de médicos internistas, psiquiatras y psicólogos para atención, evaluación y certificación del estado de los privados de libertad, un proceso que estará bajo coordinación de la doctora Gaurys Sisa, encargada nacional de Salud de la DGSPC y directora de la intervención en materia de salud del recinto La Victoria.
