El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró este miércoles estado de excepción en cuatro provincias del país, debido a las protestas antigubernamentales que se desarrollan desde el pasado 13 de junio.
La medida estará vigente en las provincias de Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana durante 30 días por «grave conmoción interna».
«Esta decisión tiene el objetivo de recuperar el orden público, controlar situaciones de violencia, proteger áreas reservadas, asegurar la provisión de medicamentos, gases medicinales, oxígeno para hospitales y clínicas, combustibles y alimentos, y la integridad de la ciudadanía», reza el comunicado emitido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.
Además, se establece como Zona de Seguridad toda el área de influencia que comprende las zonas en donde se encuentran los campos hidrocarburíferos de explotación, junto a sus infraestructuras, ubicadas en las provincias de Orellana y Sucumbíos.
«Entre las medidas en el marco del estado de excepción, se restringirá la libertad de tránsito en Azuay todos los días desde las 21:00 hasta las 05:00. En Sucumbíos y Orellana, todos los días desde las 19:00 hasta las 05:00. Y en Imbabura no habrá restricción de este tipo», dice el informe.
En paralelo, se suspende el derecho a la libertad de asociación y reunión «de aquellas manifestaciones que incurran en hechos violentos«, pero sí se permiten las protestas pacíficas, junto con otras actividades que no causen grave conmoción interna.
Asimismo, «los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley deberán observar el estándar del uso progresivo de la fuerza y los principios aplicables», según el decreto, que también obliga a cumplir algunos otros requisitos.
Dos decretos previos
Desde el inicio de las protestas, el presidente ecuatoriano ha emitido dos decretos en los que declara estado de excepción por «grave conmoción interna». El primero fue el 455, firmado el 17 de junio, mediante el cual se estableció la medida para las provincias de Pichincha (cuya capital es Quito), Cotopaxi e Imbabura.
Ese decreto fue derogado mediante el 459, del 20 de junio, y en el nuevo texto se amplió el estado de excepción a seis provincias; además de las tres primeras, se sumaron Chimborazo, Tungurahua y Pastaza.
Cinco días más tarde, el 25 de junio, mediante el Decreto 461 se derogó el 459 y se puso fin al estado de excepción.
El levantamiento de la medida se dio cuando en la Asamblea Nacional comenzaba un debate para destituir al mandatario, en el que algunos parlamentarios alegaban, según el artículo 130 de la Constitución, la existencia de una «grave crisis política y conmoción interna» en el país, que Lasso reconocía en sus decretos.
Por su parte, el alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Santiago Guarderas, solicitó este 29 de junio a Lasso que declare un nuevo estado de excepción en la capital ecuatoriana. Guarderas justificó su petición señalando que esta semana han constatado «actos de barbarie en la ciudad».
