Rafael Caro Quintero era uno de los delincuentes más perseguidos y, al mismo tiempo, más protegidos en México. El prófugo más buscado por el Gobierno de EE. UU., que ofrecía una recompensa récord de 20 millones de dólares por su detención.
Un legendario capo fundador del Cártel de Guadalajara, una de las organizaciones criminales más importantes de la historia de América Latina.
A partir del viernes, el capo de 69 años representa la primera captura narco de alto calibre del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y es un caso que, además, impacta en la relación con EE.UU. y en la permanente reconfiguración del reparto de poder de los cárteles de un país en el que el negocio, conforme pasan las décadas, solo cambia de manos, sin dejar de crecer.
En principio, su detención es festejada por los gobiernos de ambos países, pero también le conviene a los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, conocidos como «los Chapitos» y que hoy están al mando del Cártel de Sinaloa. Y es que, desde que Caro Quintero fue liberado en 2013, comenzó a competirles poder, negocios y territorio.
A la disputa criminal se suma la batalla de la narrativa mediática porque, desde el momento en el que se confirmó la captura, estallaron las versiones del papel que había jugado EE.UU., en particular la DEA.
El único consenso parece ser que la detención fue un éxito, ya que se llevó a cabo con precisión, sin enfrentamientos y sin errores de información y coordinación entre autoridades mexicanas.
La operación, sin embargo, queda empañada por la tragedia de los 14 marinos que murieron al desplomarse un helicóptero que había participado en el operativo. Versiones periodísticas afirman que se trató de un accidente y no de una represalia narco.
Sin abrazos
Desde que comenzó a gobernar hace tres años y medio, López Obrador anunció su política de: «abrazos, no balazos» contra el narco.
Fue su manera de resumir una estrategia que, según el presidente, se basa en combatir más las causas del crimen organizado (fundamentalmente la pobreza) que las consecuencias, y que incluye la promoción de reducción de penas a personas que hayan cometido delitos menores en materia de tráfico de drogas.
Bajo la idea de que la violencia no se resuelve con más violencia, el Gobierno ha protagonizado una serie de polémicas en las que se le acusa de ser permisivo con los narcos, de negociar con ellos, de dejarlos operar,
En octubre de 2019, por ejemplo, uno de los hijos del «Chapo» fue detenido en Sinaloa, pero después lo liberaron. López Obrador asumió la responsabilidad de una decisión que le atrajo un alud de críticas pero que, según él, impidió una masacre porque la reacción del Cártel de Sinaloa hubiera sido un nuevo estallido de violencia para defender a uno de sus líderes.
Ahora, la detención de Caro Quintero da un viraje a esa política y aminora las críticas internas. Ya no se le podrá acusar a López Obrador de no haber tenido resultados concretos, de alto impacto, en el combate al narcotráfico durante su sexenio, puesto que logró la captura de uno de los criminales más poderosos e influyentes del mercado de drogas a escala internacional.
El arresto, además, fortalece la relación con EE.UU., que desde hace una década presionaba para encontrar al capo.
Especulaciones
Una vez que se confirmó la detención de Caro Quintero, la oposición política y mediática intentó adjudicar el éxito de la misión a EE.UU. para minimizar el desempeño de la Secretaria de Marina y de la Fiscalía General de la República. Es decir, del Gobierno de López Obrador.
La versión más repetida afirmó que el mérito de la localización del capo era de la DEA, la cual, a su vez, les había pasado la información a las autoridades mexicanas. Y que el operativo era un compromiso que López Obrador había asumido con Joe Biden durante la reunión bilateral que sostuvieron en Washington el martes más pasado, apenas tres días antes de la captura.
La falta de coordinación del Gobierno de EE.UU. abonó las especulaciones. «Nuestro increíble equipo en México trabajó en conjunto con las autoridades mexicanas para capturar y arrestar a Rafael Caro Quintero», presumió de inmediato la directora de la DEA, Anne Milgram. En el mismo sentido se pronunció el fiscal general de ese país, Merrick B. Garland.
«Estamos profundamente agradecidos con las autoridades mexicanas… El arresto es la culminación del trabajo incansable de la DEA y sus socios mexicanos para llevar a Caro Quintero ante la justicia», aseguró el funcionario.
Más tarde, el embajador de EE.UU. en México, Ken Salazar, contradijo a Milgram y a Garland. «Para aclarar, ningún personal de los Estados Unidos participó en la operación táctica que resultó en el arresto de Caro Quintero: la aprehensión de Caro Quintero fue realizada exclusivamente por el Gobierno mexicano», afirmó.
Este lunes, López Obrador confirmó que la DEA no colaboró de ninguna manera: ni con información, ni equipo técnico. Mucho menos con agentes. Y puso en duda la extradición que tanto ansía EE.UU. desde hace décadas.
Un rato más tarde, el juez Francisco Reséndiz Neri emitió una medida cautelar que, por el momento, frena la entrega de Caro Quintero a EE.UU.
De todas formas, ese país festeja. Tiene en la mira a Caro Quintero desde 1985, ya que fue uno de los responsables del secuestro, tortura y asesinato de Enrique «Kiki» Camarena, un agente de la DEA que operaba en México, y del piloto mexicano Alfredo Zavala. El crimen desató una conmoción política. Casi cuatro décadas después, las secuelas persisten.
La historia
El caso Camarena alteró el mapa narco en México. En 1985, la captura de Caro Quintero y del resto de sus líderes llevó a la desaparición del Cártel de Guadalajara, que fue el germen para el nacimiento de los Cárteles de Sinaloa y de Juárez, que tendrían más poder, más producción y más capacidad para operar a escala trasnacional.
Desde prisión, Caro Quintero jamás dejó de participar en el mercado narco. En su primera escala en el Reclusorio Norte, corrupción mediante, contó con todos los lujos posibles, desde un jardín particular, cocina y sala de televisión privadas y la autorización de visitas en cualquier momento.
Los privilegios se terminaron en 1992, cuando lo trasladaron a Almoloya, una prisión de máxima seguridad. Pero los negocios siguieron para este hombre al que los perfiles sicológicos definen como «narcisista», «gran corruptor», «con alta capacidad criminal», «líder natural» y «con una inteligencia sorprendente».
En 2013, un sospechoso tecnicismo legal permitió su liberación luego de 28 años de encierro. Mientras se replicaban las denuncias de que había corrompido a los jueces, el narco se fue a refugiar a Sinaloa. Cuando la justicia concluyó que debía cumplir su pena de 40 años de prisión, huyó.
Así permaneció, prófugo, durante estos años en los que primero intentó posicionarse en el Cártel de Sinaloa, que en 2016 sufrió la captura y extradición de su máximo líder, «El Chapo» Guzmán, quien hoy cumple cadena perpetua en una prisión de EE.UU. Ahora, la justicia estadounidense espera el mismo destino para Caro Quintero.
Enfrentado a «los chapitos», el capo optó por crear su propia organización, el Cártel de Caborca, que se asoció con el de Juárez para enfrentar al de Sinaloa en la violencia sin fin que padece México.
Fuente RT
