Este viernes, inició a las 10:52 de la mañana la audiencia preliminar del caso Medusa que involucra al exprocurador de la República, Jean Alian Rodríguez, y otros 62 implicados más, quienes son acusados de estafa contra el Estado dominicano.
La audiencia preliminar que estaba pautado para las 9:00 am, es conocida en la sala de la Corte de Apelación Civil y Comercial por el juez del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, mauri Martínez.
El expediente del Caso Medusa establece que el exprocurador Rodríguez Sánchez y los demás imputados integraban una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República en el período 2016-2020 y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
El Ministerio Público presentó el expediente acusatorio que contiene más de 12 mil páginas, el cual detalla que “La organización criminal estableció un entramado de soborno, extorsión, chantaje y amenazas sin precedentes, para obtener los pagos de manera compulsiva, logrando obtener por esta vía más de mil millones de pesos (RD$1,000,000,000.00)”, dice el Ministerio Público en su acusación.
También le atribuye a la red el haber malversado más de dos mil millones de pesos en pagos a proveedores de alimentos que resultaron adjudicatarios de manera fraudulenta; que se adquirió alimentos en mal estado para los internos del sistema penitenciario; que se compró boletas para viajes de particulares con fondos de la Procuraduría.
Además de Rodríguez Sánchez, guardan prisión preventiva el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, ex subdirector administrativo.
Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
En el Caso Medusa está también involucrado Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.
El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
También, enfrentan cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El Ministerio Público acusa al grupo, además, de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.
El exprocurador Rodríguez y sus colaboradores y relacionados están imputados, asimismo, de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
