El procurador adjunto Wilson Camacho lamentó la decisión tomada por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional al variar la medida de coerción de prisión preventiva a varios acusados por corrupción administrativa del Caso Anti Pulpo.
“La decisión tomada por el tribunal sobre el cese de la medida de coerción contiene un mensaje lamentable de que no se entiende el nivel de complejidad de estos procesos”, afirmó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
“Pareciera que se está asumiendo la lógica de que cualquier proceso que haya sido declarado complejo, es igual, y eso no es así”, dijo Camacho al responder preguntas de los periodistas de la fuente judicial que lo entrevistaron a la salida del tribunal luego de las decisiones tomadas por el juez Deiby Timoteo Peguero.
“Estos procesos que estamos presentando ante los tribunales, simple y llanamente no tienen precedentes en la República Dominicana, y las muestras son abundantes, por ejemplo, ustedes mismos se pueden dar cuenta cómo los espacios que existen en este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva no resultan suficientes para estos procesos, los que logramos caber en estas salas de audiencias es a duras penas, sin que en audiencias públicas pueda participar el público que tenga interés en participar en estos procesos”, expresó.
Dijo que esto significa que el propio sistema no tenía, no ha previsto espacios adecuados para este tipo de procesos.
“Estos megaprocesos son megacomplejos y el Poder Judicial debería asumirlos en esta dimensión”, proclamó en torno a los procesos judiciales que lleva la Pepca.
Explicó “que en este caso, por ejemplo, elementos que permiten medir el alto nivel de complejidad de estos procesos y que no pueden ser comparados con otros procesos declarados complejos, es el hecho de que, por ejemplo, en este caso hay ocho instituciones que han sido involucradas”.
“En este proceso hay 48 personas que han sido procesadas y este proceso tiene más de 400 testigos y eso no cabría en ninguna sala de audiencias con la que cuenta el país y esto es evidencia de que estos procesos superan el nivel de complejidad que hemos visto anteriormente y esta es una cuestión que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos manda a tomar en cuenta para que los jueces lo asuman al momento de tomar decisión”, añadió.
“Ni siquiera el legislador, nosotros podemos llegar a esa afirmación, tomó en cuenta el nivel de complejidad de estos procesos, porque temas como las empresas que nosotros procesamos no tienen reglas claras en el proceso penal para su procesamiento y es evidente de que lo que estamos haciendo es algo que no obedece a las reglas. Procesos que resultan extraordinarios deberían tener un tratamiento por parte del sistema en esa misma dimensión”, subrayó.
“Nosotros esperaremos la decisión del tribunal y tomaremos decisión en consecuencia”, dijo. Destacó, sin embargo, que se debe tomar en cuenta que la decisión tomada en el día de hoy sobre la medida de coerción no afecta la fortaleza del proceso.
“En modo alguno esto condiciona el hecho de que este es un proceso blindado y que nosotros estamos más que convencidos de que con la alta cantidad de evidencias que hemos presentado deberá enviarse este proceso a juicio y que en juicio deberán aplicarse las sanciones correspondientes a cada uno de los procesados”, destacó.
El titular de la Pepca recordó que, en las últimas revisiones que conoció el tribunal, procedió a mantener las medidas de coerción, tal y como habían sido impuestas en este caso, acogiendo la solicitud planteada por el Ministerio Público.
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, varió la prisión preventiva por prisión domiciliaria a los acusados Juan Alexis Medina Sánchez, Fernando Rosa, José Dolores Santana Carmona y a Wacal Bernabé Méndez Pineda.
Además, Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado del caso, deberá presentar una garantía económica de RD$60 millones de pesos y Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), una de RD$30 millones.
En tanto que a José Dolores Santana y a Wacal Bernabé Méndez Pineda les fue impuesta una garantía de 20 millones de pesos a cada uno.
La garantía económica deberá ser presentada a través de una empresa aseguradora.
El tribunal también ordenó la colocación de grilletes electrónicos y le impuso impedimento de salida del país y presentación periódica.
A Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fonper, le ratificó la prisión domiciliaria, el uso de grilletes electrónicos e impedimento de salida del país.
Mientras que a Aquiles Alejandro Christopher, exfiscalizador de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), igualmente, le fue ratificado el arresto domiciliario y el impedimento de salida del país.
Previamente, en horas de la mañana, el magistrado Peguero aplazó la audiencia preliminar del caso para el próximo 10 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana, ante la ausencia de una parte imputada.
El Ministerio Público acusa a Juan Alexis Medina Sánchez de dirigir un entramado de corrupción que estafó al Estado dominicano con miles de millones de pesos de los contribuyentes, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.
Juan Alexis Medina Sánchez y otras 27 personas físicas y 21 compañías enfrentan cargos en un extenso expediente por corrupción y lavado de activos, de unas 3,500 páginas.
También, el caso se sigue contra Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la Oisoe.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
El Ministerio Público presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
El pasado 1 de agosto, por su vinculación al caso, el juez Peguero impuso medidas de coerción a Carlos Montes de Oca, quien recibió prisión preventiva por tres meses para cumplirla como los demás acusados en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, y Paola Mercedes Suazo, a quien le impuso garantía económica, presentación periódica ante el Ministerio Público e impedimento de salida del país.
