“Urge redefinir el debate sobre el aborto en el país, alejándolo del ámbito del delito penal y viéndolo como un servicio de salud al que tengan opción las mujeres”. Así lo consideró la Junta Directiva de Profamilia, a propósito de la proclamación del 28 de septiembre como el Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.
“Está comprobado que la criminalización del aborto no reduce su práctica y que, al contrario, lo impulsa en condiciones inseguras que ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres, incidiendo en las tasas de mortalidad materna” indicó el organismo rector de las políticas y normas de Profamilia.
Consideró que a dos años de mandato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), es de esperar que tanto el Congreso dominicano, como los Ministerios de Salud Pública, Educación y el Servicio Nacional de Salud puedan trabajar a favor de leyes y políticas que respondan a las necesidades y al ejercicio de derechos de toda la ciudadanía.
Señaló que, para reducir las tasas de abortos inseguros, debe ser legalizado y reglamentado por lo menos en las tres causales y acompañar esta acción con políticas que impulsen la educación integral en sexualidad y el acceso universal a métodos anticonceptivos, así como la oferta de servicios de salud sexual y salud reproductiva de calidad.
Lamentó que, en la actualidad, la interrupción del embarazo, aun cuando la vida de la mujer corre peligro, la coloca como transgresora de las normas legales y sociales, también cuando es producto de una violación o cuando pruebas médicas concluyentes identifican malformaciones fetales incompatibles con la vida fuera del útero, como la ausencia de bóveda craneal resultando en una exencefalia, una cardiopatía estructural con fracaso cardíaco u otra enfermedad grave incurable.
Recordó la posición expresada por el presidente de la República Luís Abinader y plasmada en su Plan de Gobierno de apoyo a la despenalización del aborto en tres causales y le llamó, junto a los cuerpos legislativos del país, a ejercer su liderazgo en decisiones a favor de las mujeres y niñas del país.
República Dominicana necesita políticas que promuevan “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.
