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Ministerio Público se prepara para delitos electorales

SANTO DOMINGO, D.N.- La Procuraduría General de la República (PGR) anunció la realización del primer taller sobre Derecho Penal Electoral, el próximo sábado 21 de septiembre, dirigido a más de 50 miembros del Ministerio Público de diferentes departamentos judiciales del país. 

La PGR explicó en un comunicado de prensa que la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP) coordina el taller especializado en el marco de un programa de capacitación en materia electoral para miembros de la institución, que incluirá además diplomados y otros talleres en cumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19, los cuales dijo que se extenderán en una primera fase hasta el primer trimestre del próximo año 2020 y que posteriormente pasarán a formar parte de los programas de formación continua de dicha escuela, la cual tiene a su cargo la formación y capacitación del Ministerio Público. 

Indicó que durante los talleres y el Diplomado en Derecho Penal Electoral los fiscales serán debidamente capacitados sobre la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y Ley Orgánica de Régimen Electoral (No. 15-19), que incluyen temas sobre las normas estatutarias, la precampaña electoral y registro de candidaturas, patrimonio, financiamiento y disolución, así como sobre las autoridades y órganos electorales, sobre la identidad y el registro electoral, las elecciones, el período de campaña electoral, el libre ejercicio del derecho a elegir y sobre el régimen sancionador.

La capacitación además incluye un ciclo de módulos o conferencias especializadas, donde se abordarán los temas, Procuraduría Especializada y delitos electorales, jurisdicción y nuevo Derecho Penal Electoral,   Ministerio Público y delitos electorales de alta tecnología y análisis de casos de la jurisprudencia constitucional vinculante sobre precedentes fundados en la violación a tipos penales electorales.

El comunicado destaca que la capacitación tiene la finalidad de reforzar la formación de los fiscales en materia de Derecho Electoral, por ser éstos quienes tienen a su cargo la persecución e investigación de los crímenes y delitos electorales, a fin de garantizar y preservar los procesos electorales, de forma tal que cumplan con lo estipulado por la ley.

La institución del sistema de justicia adelantó que conforme lo establece la recién promulgada Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19, además de la capacitación de los fiscales, para dar apoyo a las fiscalías, realizan las diligencias de lugar para la creación de una Procuraduría Especializada en Asuntos Electorales y la organización de un concurso para la selección de su titular y el reclutamiento de personal, para lo cual indicó que tienen previsto solicitar una partida presupuestaria adicional en el próximo presupuesto institucional. 

Señaló en ese sentido, que conforme la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público, son las fiscalías de cada provincia las que tienen la competencia territorial para investigar y procesar todos los delitos, incluidos los delitos electorales que ocurran en sus jurisdicciones, salvo casos excepcionales en los que por efectividad procesal se decida lo contrario, todo ello en virtud de lo contemplado en los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11 por la que se rigen los órganos especializados de esta institución. 

Dijo que por igual, las procuradurías especializadas constituyen un cuerpo de apoyo a las fiscalías cuando resulta necesario y que  para la creación de ese nuevo organismo, el Consejo Superior del Ministerio Público, máximo órgano de esta institución, deberá tomar en cuenta diversos factores, entre ellos, el factor presupuestario y el factor humano que permitan el funcionamiento de una estructura, no solo en título y papel, sino en la práctica, garantizando así su correcta operatividad para apoyar a las fiscalías, tal cual funcionan todas y cada una de las procuradurías especializadas en todas las materias.  

La PGR reiteró el compromiso con el fortalecimiento institucional del Ministerio Público para eficientizar su rol en todos los ámbitos de su competencia.

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