OohhLA Vega. – El Primer Tribunal Colegiado de esta provincia dictó una sentencia condenatoria de seis años de prisión en contra de un hombre enjuiciado por incurrir en explotación sexual infantil en perjuicio de siete menores de edad.
Juan José Mota Almánzar cumplirá la condena en la cárcel pública de La Vega y además deberá pagar una multa de diez salarios mínimos, según establece la sentencia dictada por las juezas Lucrecia Rodríguez, Juana Patricia Silverio y Julissa Candelario.
Ante la decisión del tribunal, la fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, destacó: “La República Dominicana ha asumido un compromiso en relación a la preocupación internacional con respecto a la trata de personas, comercialización sexual infantil y todos aquellos tipos penales que afecten la integridad de niños niñas y adolescentes, es en ese sentido, que la fiscalía de La Vega, bajo nuestra dirección, no descansa hasta culminar con sentencias ajustadas al daño ocasionado a esta población vulnerable”.
El expediente establece que Mota Almánzar entre los años del 2019 al 2020 se dedicó a recibir en su casa, en el sector Villa Francisca II de esta provincia, a niñas y adolescentes de 12, 15 y 17 años de edad, cuyos nombres se omiten por razones legales.
Señala que, abusando de su minoría de edad y a cambio de entregarles dinero, Mota Almánzar utilizó a las víctimas sexualmente para su propia satisfacción sexual.
Refiere que el hoy condenado se aprovechó de la vulnerabilidad de las víctimas, a varias de las cuales utilizó con el fin de lograr atraer a otras amigas menores de edad, para pagarle a cambio de favores sexuales.
La acusación presentada por la Fiscalía de La Vega, a través de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, establece que el 9 de septiembre de 2020 una de las víctimas fue reportada por su padre como desaparecida ante la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) en esta localidad.
Precisa que, posteriormente, la menor reportada como desaparecida regresó a su residencia, procediendo luego su madre a interponer formal denuncia del caso ante el Ministerio Público.
Los padres de las víctimas denunciaron a las autoridades que sus hijas fueron víctimas de delitos sexuales por parte del procesado y que varias de ellas fueron seducidas y sustraídas de sus residencias mediante engaño.
Fiscales investigadores de este distrito judicial ocuparon durante las pesquisas diferentes pruebas documentales, periciales, ilustrativas, materiales y testimoniales que fueron aportadas al proceso y que permitieron demostrar la relación del acusado con los hechos.
El Ministerio Público demostró ante el tribunal que el acusado incurrió en conductas penalmente relevantes como lo es la explotación sexual de niñas y adolescente en violación del artículo 410 del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) en perjuicio de las niñas y adolescentes, así como del Estado dominicano.
