El expresidente peruano Alejandro Toledo dijo estar dispuesto a entregarse a las autoridades estadounidenses cuando se agoten todas las vías legales con las que busca suspender o anular su proceso de extradición a Perú, donde es requerido por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos.
A través de una carta enviada por su defensa al juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, el exmandatario solicitó al magistrado que no acceda a la moción del Gobierno de EE.UU. de revocar su libertad bajo fianza, asegurando que estará disponible para la transferencia de la custodia cuando llegue el momento.
«No hay razón para dudar de que el doctor Toledo estará disponible. Él está preparado para entregarse a los alguaciles de los EE.UU. antes de la llegada de los representantes del Perú», indica el documento recuperado por La República y publicado este jueves.
La abogada del político, Jodi Linker, sostiene que la Corte debería permitir la entrega voluntaria de Toledo, una vez fijadas las fechas de llegada de las autoridades peruanas y garantizadas una serie de disposiciones, ya que, asegura, este «es el enfoque más humano».
La defensa exige al tribunal que el expresidente no sea devuelto al régimen de aislamiento o a la Cárcel de Santa Rita, donde fue internado en octubre de 2019, y que se garantice el acceso del exmandatario a servicios médicos y psiquiátricos. Asimismo, pide que el Gobierno de EE.UU. trabaje con Perú para minimizar la cantidad de tiempo que el requerido deberá pasar en custodia.
Hace apenas unos días, una magistrada accedió suspender temporalmente la extradición del político hasta el 6 de marzo, cuando la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito se pronunciará sobre el habeas corpus que interpuso previamente la defensa para anular el proceso.
La Fiscalía, sin embargo, apeló la decisión argumentando que EE.UU. debe cumplir con la normatividad desplegada en su acuerdo de extradición con Perú y dar seguimiento a la solicitud del Secretario de Estado, Antony Blinken, de entregar a Toledo a las autoridades andinas.
En este sentido, los jueces de la Corte del Distrito Norte de California reconocieron que el riesgo de fuga del exmandatario aumentó desde que el 21 de febrero se autorizara la repatriación, aunque insistieron en que más allá de esa cuestión, EE.UU. está obligado a cumplir con sus compromisos internacionales, según indica la moción con fecha del 28 de febrero y publicada por El Comercio.
