La noche del martes fueron trasladados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres los exministros del pasado Gobierno, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, quienes son acusados de desfalcar al Estado por más de 19 mil millones de pesos.
De acuerdo a informaciones suministradas por el abogado Félix Portes, los exfuncionarios que cumplirán 18 meses de prisión preventiva, están ubicados en la zona conocida como máxima II, donde iniciarán un periodo de observación de 10 a 30 días para nuevos internos, es decir, restricciones de visitas y otros privilegios hasta culminar el mismo.
En ese sentido, Portes dijo que solo los abogados tienen permitido verlos en los horarios establecidos de acuerdo a la Ley 113-21.
Se recuerda que la procuradora adjunta y directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, dijo que la decisión de la jueza Kenya Romero, quien consideró que había prueba suficientes para imponer medidas coercitivas a los 20 imputados en esta red de corrupción y la declaratoria de complejidad del proceso, demuestra la solidez del expediente presentado por el Ministerio de Público.
“Pensamos que la decisión del tribunal corrobora lo que ha dicho el Ministerio Público de la seriedad y de la contundencia de la investigación. Prácticamente todas las barras tenían hasta tres abogados, pero les fue imposible obtener ni una sola ganancia de incidentes. En virtud de la tutela al debido proceso, la gran cantidad de pruebas y la consistencia de la investigación realizada por el Ministerio Público. La decisión que ha dictado la magistrada, que varió algunos de los pedimentos que ha solicitado el Ministerio Público, argumentando en algunos casos situaciones de salud, de expedientes médicos, y situaciones familiares que presentaron algunos de los imputados a los que se les varió el pedimento de la prisión preventiva que había hecho el Ministerio Público”, sostuvo Berenice Reynoso.
La directora de Persecución destacó, además, el hecho de que el tribunal rechazara todos los pedimentos de puesta en libertad pura y simple, bajo el argumento de que no había vinculación, ya que las pruebas de esta solicitud de medida de coerción, luego de la presentación de la investigación que hiciera el Ministerio Público, “son más que suficientes para esta etapa, “es decir que todas esas solicitudes fueron absolutamente rechazadas”.
Reynoso, quien estuvo acompañada en audiencia por el procurador adjunto titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca),Wilson Camacho, y por los procuradores fiscales Miguel Crucey, Miguel Collado, Rosa Ysabel, Rosa Alba García, Melbin Romero Suazo, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez, Héctor García, Marinel Brea, Andrés Mena y Jhensy Víctor, puntualizó cada uno de los argumentos presentados por las defensas y que no fueron acogidos por el tribunal.
La procuradora adjunta fue contundente al señalar que esta investigación continúa en curso y que como lo ha indicado la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, todo el que haya cometido un ilícito será llevado ante los tribunales.
“En relación a si habrá más imputados, esta es una investigación en proceso, la política de este Ministerio Público, que dirige la magistrada Miriam Germán Brito, es que todo aquel que haya comprometido su responsabilidad penal será perseguido por el Ministerio Público, de acuerdo al Estado de derecho, pero haciendo todo el esfuerzo que este equipo hace, prácticamente, de trabajar 18 horas al día para trabajar casos fuertes”.
La directora de Persecución del Ministerio Público señaló que en las próximas horas el órgano persecutor solicitará a la Suprema Corte de Justicia un juez especial que conozca los hechos que relacionan al diputado Sergio Moya, mencionado en el Caso Calamar.
“Todo contra quien el Ministerio Público tiene pruebas, con relación a ese legislador que usted refiere, en las próximas horas el Ministerio Público va a solicitar juez instructor a los fines de que se inicie de manera formal la investigación”, dijo Berenice Reynoso, al hablar con la prensa tras la lectura de la decisión sobre la solicitud de medida de coerción contra los imputados en Operación Calamar, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En su decisión el tribunal dictó 18 meses de prisión preventiva en contra del exministro de Hacienda, Donald Guerrero y del ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, quienes cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres y al exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo le fue impuesto arresto domiciliario, garantía económica de 20 millones de pesos, impedimento de salida del país.
