La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió al gobierno de República Dominicana investigar el espionaje electrónico contra la periodista Nuria Piera, deslindar responsabilidades y que se castigue estas acciones para desalentar el uso de «mecanismos ilegales de vigilancia digital».
En su reciente reunión de Medio Año, la SIP criticó en las conclusiones que los gobiernos de El Salvador y México utilizaran el software Pegasus. También, en una resolución la SIP condenó a los regímenes de Cuba y Venezuela por vigilar a los periodistas y bloquear sus comunicaciones y la de sitios de noticias por internet nacionales y extranjeros.
Este miércoles 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, un informe del Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional explica que un teléfono de Nuria Piera, periodista investigativa y conductora de televisión, fue infectado con el software espía Pegasus en tres ocasiones entre 2020 y 2021.
Piera, miembro de la Junta de Directores de la SIP, corroboró que, para la fecha del espionaje, investigaba denuncias por corrupción relacionadas con el gobierno de Danilo Medina, casos que derivaron en procesos judiciales.
«Esta práctica ilegal viola la privacidad a la que tiene derecho toda persona, además de afectar la confianza del periodista con sus fuentes informativas», expresó Michael Greenspon, presidente de la SIP y director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times.
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, dijo que «el espionaje mediante Pegasus es un problema que venimos denunciado desde hace años en varios países de la región. Es importante que los gobiernos se abstengan de utilizar estos mecanismos, investiguen y castiguen a los responsables para desalentar estas prácticas ilegales e ilegítimas».
De acuerdo con Amnistía Internacional, República Dominicana es el tercer país de las Américas, después de México y El Salvador, donde se ha usado Pegasus en contra de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos.
La Declaración de Salta de la SIP sobre libertad de expresión en el ecosistema digital establece en su artículo 7: «Las autoridades no deben utilizar mecanismos de vigilancia digital para vulnerar las libertades y la privacidad de los ciudadanos, salvo en casos en que se persiga un fin legítimo acorde a lo establecido en las convenciones sobre derechos humanos. La vigilancia masiva no es aceptable en ningún caso».
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental, y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
