NUEVA YORK. -El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina afirmó que la protección de las personas en situación de vulnerabilidad es una responsabilidad ineludible de todos los sistemas de justicia.
“En nuestro compromiso por una justicia universal no podemos olvidar a aquellos que son más vulnerables en nuestra sociedad, ya que estas personas tienen mayor riesgo de que su acceso a la justicia esté limitado debido a diversas circunstancias como la pobreza, la discriminación, la discapacidad o la falta de recursos”, explicó Molina Peña.
El también presidente del Consejo del Poder Judicial de República Dominicana se expresó así mientras moderaba el pan el “Estado de Derecho y Justicia: Garantías de la dignidad de las personas”, en el marco del Congreso Mundial de Derecho (WLC, por sus siglas en inglés), en el que explicó que la eficiencia no solo implica la celeridad en los procesos judiciales, sino también la transparencia, la imparcialidad y la calidad de las decisiones en justicia.
En el panel participaron Norma Lucía Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de México, quien abordó el tema independencia judicial y la dignidad de la persona; Orlando Aguirre, presidente Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, quien habló sobre las condiciones necesarias para para la eficiencia de los derechos humanos; y Maite Oronoz, presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, quien disertó sobre Justicia inclusiva y derechos humanos: herramientas para promover la igualdad, no discriminación y lucha contra la violencia de género.
También Linda Maguire, directora regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe disertó sobre la Innovación y transformaciones urgentes hacia una justicia inclusiva; Anthony Kennedy, juez asociado Corte Suprema de los Estados Unidos; y Rebecca Bill Chávez, directora ejecutiva de Interamerican Dialogue, trató el tema Autonomía judicial como defensa contra el retroceso democrático: El caso de América Latina.
Molina consideró que para garantizar la dignidad de las personas se debe asegurar que las barreras que enfrentan sean superadas y que se les brinde un acceso equitativo y efectivo a los mecanismos judiciales.
Indicó que la justicia y el Estado de Derecho son pilares fundamentales en toda sociedad plenamente democrática, ya que constituyen el marco que establece y protege los derechos y libertades de cada individuo, independientemente de su origen, género, religión o posición social, elementos que considera esenciales para mantener la paz, la estabilidad y la cohesión social, proporcionando una base sólida para el desarrollo sostenible y el progreso de las naciones.
Sostuvo entre los presentes que como hacedores de políticas públicas se tiene la responsabilidad de trabajar en conjunto para fortalecer y mejorar continuamente los sistemas judiciales, para que puedan desempeñar su crucial papel en la defensa de los derechos humanos, la igualdad y la dignidad.
Los panelistas
Los panelistas ponderaron las acciones para garantizar que los sistemas judiciales sean más independientes, inclusivos y que emitan decisiones equilibradas.
En ese sentido, la presidenta de la Corte Suprema de México, Norma Lucía Piña, sostuvo que “sin la independencia judicial no se puede hablar de separación de poderes”, por lo que instó a fortalecerla desoyendo voces que pretenden vulnerar este pilar de la democracia afectando los derechos humanos de las personas.
Asimismo, el presidente de la Corte Suprema de Costa Rica, Orlando Aguirre, dijo que “La Independencia judicial no es un privilegio para los jueces, es un privilegio para los habitantes de un país, quiero decirles que un gobierno judicial bueno es una garantía para la democracia”.
De su lado, la presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz, dijo que los distintos poderes judiciales deben promover una justicia inclusiva, y agregó que sacar del panorama toda forma de discrimen requiere identificar las conductas, normas y prácticas que lo perpetúan.
“En el tema de género, vemos que, a pesar de los esfuerzos internacionales y los avances en incluir a la mujer en espacios donde antes éramos excluidas, la desigualdad y el discrimen permea. La Organización de las Naciones Unidas estima que tomará hasta 286 años eliminar las leyes discriminatorias y cerrar las barreras de género en el ámbito de las protecciones legales”, sostuvo.
Para el juez asociado de la Corte Suprema de los Estados Unidos Anthony Kennedy, “los jueces tomamos decisiones que tienen consecuencias políticas, pero no las decidimos de una manera política. Esta es el equilibrio que hay que cuidar.”
De igual manera, Linda Maguire, directora regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe, indicó que “En República Dominicana estamos complacidos en trabajar con un enfoque renovado de abordaje de tema de justicia, se trata de inclusión, sostenibilidad, género e innovación; incluye la construcción colaborativa entre los técnicos del PNUD y un equipo del Poder Judicial, para alinear las políticas globales y regionales e incorporarlo en la planificación por escenarios que me parece muy innovador”.
Mientras que Rebecca Bill Chávez, directora ejecutiva de Interamerican Dialogue señaló que “sería necesario un sistema de alerta temprana centrado en monitorear el estado de la independencia de los sistemas judiciales en el mundo y las amenazas que enfrentan”.
