SANTIAGO.- Fue aplazada para el próximo viernes 18 de agosto, a solicitud de la parte imputada, la audiencia para el conocimiento de medidas de coerción a los arrestados el pasado 4 de agosto en medio de la Operación Discovery 2.0.
La parte imputada alegó requerir de tiempo para buscar y presentar arraigos en favor de sus representados.
La Fiscalía desarrolló esta investigación en coordinación con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la cooperación internacional de la Policía de Nueva York y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), de los Estados Unidos, en contra de 18 hombres y 6 mujeres, propietarios y operadores de cuatro centros de llamadas o “call centers” fraudulentos, los cuales fueron allanados, secuestrando evidencias contundentes de los delitos imputados.
La Fiscalía de Santiago ha evidenciado que los integrantes de la red, habiendo analizado el perfil de sus víctimas (entre 70 y 95 años de edad), «aprovechando su estado de vulnerabilidad, irrumpieron en sus vidas y con varias maniobras engañosas les despojaron de los recursos económicos».
Así lo expresó el titular de la Fiscalía de Santiago, Osvaldo Bonilla, al exponer que estos recursos eran, para muchas de las víctimas, su único sustento en su etapa de retiro.
La investigación del Ministerio Público logró develar las maniobras fraudulentas de los ciberdelincuentes, algunos deportados y con antecedentes delictivos, así como la «psicología de terror» que implantaban para engañar, convencer y despojar a las personas afectadas de bienes económicos.
Bonilla reveló que uno de los imputados, Claudio Santana o Claudio Mercedes, arrestado en el proceso, fue deportado a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos por varios delitos cometidos en perjuicio de la legislación de esa nación.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, presidida por el juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción, José Rafael D’ Asís, está a cargo de la solicitud hecha por el Ministerio Público para que imponga la prisión preventiva por 18 meses y que declare de tramitación compleja el proceso contra Juan Rafael Parra Arias, Juan Armando Vázquez Ramírez, Hayler Andrés Olivares Núñez, Miguel Ángel Camilo Pérez, Freddy Urtarte, Wilson Miguel Rodríguez Suero, Mélquido Rojas Vargas, Ramón Esterling Polanco Leclerc, Deuris Antonio Franco de la Cruz, Erick Ángel Peña Núñez, Arnaldo Manuel Rosario Nolasco, Benito Antonio Guzmán Castro, Wáscar Canot Guzmán, Jonathan Jesús Rodríguez Bonilla y Luis Manuel Martínez.
La instancia de solicitud de medida también incluye a Amaurys Joel Mesón Figuereo, Jonathan Ignacio Castro Güichardo, Arlin Josefina Rosa Rosario, Glorisel Martínez Peralta, Yenny Carolina Corniel Henríquez, Leslie Agnes Succart González, Lorena Franchesca Antigua Pérez y Juana Yadirys Ventura.
La Operación Discovery 2.0 involucró 26 fiscales y 239 agentes de la Policía Nacional, equipos de investigadores y técnicos de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que se empleó en la coordinación operativa.
