El pasado 9 de agosto, el candidato presidencial por el Movimiento Construye, Fernando Villavicencio, fue asesinado cuando salía de un mitin de su campaña, a las afueras de un colegio al norte de Quito. Tras ello, en su lugar fue nombrado Christian Zurita, quien quedó en tercer lugar en los comicios que se celebraron 11 días después, no avanzando a la segunda vuelta electoral.
A más de un mes del homicidio, familiares, amigos y simpatizantes de Villavicencio reclaman verdad y justicia ante el crimen.
En el caso, según información que han proporcionado la Policía Nacional y Fiscalía General del Estado (FGE), existen 13 personas procesadas por su presunta vinculación en el asesinato. Seis de ellos fueron detenidos horas después del crimen, cuando se realizaron allanamientos en inmuebles ubicados en los sectores de Monjas y Argelia Baja, en Quito.
Los detenidos fueron Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C. y Jhon R., todos de nacionalidad colombiana. Con base en los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, un juez ordenó prisión preventiva para estos procesados por asesinato.
En esa oportunidad, además de Monjas y Argelia Baja, también se llevaron a cabo allanamientos en San Bartolo, Guamaní y La Ecuatoriana, en el sur de la capital ecuatoriana. En las diligencias se retuvo un vehículo reportado como robado, en el cual se encontró una maleta que contenía fusiles, una subametralladora, cuatro pistolas, tres granadas, cuatro cajas de municiones (384 cartuchos) y dos cargadores de fusil; además de dos motos.
El pasado 8 de septiembre, la FGE informó que vinculó al proceso a otras siete personas, quienes fueron detenidas en un operativo ejecutado en las provincias de Pichincha, Chimborazo y Cotopaxi.
Estos ciudadanos fueron identificados como Carlos Edwin A. L., Erick Marcelo R. P., Víctor Alfonso F., Laura Dayanara C. V., Alexandra Elizabeth Ch. F., José Leonardo M. C. y Óscar Andrés F. F., a quienes también se les dictó prisión preventiva.
Además de estas 13 personas, un sospechoso del crimen, identificado como Jhojan Castillo López, murió el día del ataque contra Villavicencio, tras resultar herido en el enfrentamiento entre los delincuentes y agentes que resguardaban al candidato. La Fiscalía indicó entonces que esta persona fue trasladada a la Unidad de Flagrancia por personal de la fuerza pública con signos vitales bajos y su muerte fue confirmada por una ambulancia de bomberos.
La orden
En la audiencia de formulación de cargos contra las últimas siete personas que se vincularon al proceso, realizada el viernes de la semana pasada, la FGE expuso que la orden para ejecutar el asesinato de Villavicencio habría salido, vía llamadas y mensajes de WhatsApp, desde el teléfono de uno de los ahora procesados, ciudadano que se encontraba en prisión en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi el día del crimen.
La FGE logró identificar a este segundo grupo de personas como implicadas en el crimen, debido a la información que se encontró en el teléfono celular del sospechoso que falleció la noche de los hechos.
Asimismo, señaló que un día antes del asesinato, los ahora procesados realizaron un reconocimiento de los alrededores del colegiodonde el candidato iba a participar del mitin político.
Cámaras de seguridad de la zona captaron a un vehículo blanco, aparentemente robado, que circuló repetidamente entre las 23:00 y las 23:30 del 8 de agosto, cerca de una farmacia y un estacionamiento en las inmediaciones del colegio.
También se conoció que Laura Dayanara C. V., una de las detenidas, fue vista en ese mismo auto horas antes del asesinato. Esta mujer, según reporta Primicias, tendría nexos con la banda criminal Los Lobos, organización que, según un informe del portal de investigación Insight Crime, tendrían al menos 8.000 miembros en las calles y en las cárceles de Ecuador; siendo entonces la segunda organización delincuencial más poderosa y numerosa del país, luego de Los Tiguerones.
El pasado 10 de agosto, un día después del asesinato, circuló en la redes sociales un video en el que un grupo de armados y encapuchados, que se identificaron como miembros de Los Lobos, se atribuyen el ataque; no obstante, las autoridades descartaron la veracidad del video.
Las disputas
El asesinato de este candidato ha desencadenado pugnas a nivel político entre los mismos partidos que lo apoyaban en su camino a la Presidencia y, además, entre los miembros de su familia.
Las diferencias entre las familias se evidenciaron públicamente poco después del crimen, cuando algunos de sus allegados denunciaron que la esposa del político, Verónica Sarauz, les impidió el acceso al lugar del funeral.
Recientemente hubo otra disputa. A principios de septiembre, el abogado y exasambleísta Ricardo Vanegas anunció que asumiría la defensa de la familia de Villavicencio y que sería el vocero en las investigaciones del crimen; pero luego llegó una respuesta de Gloria Valencia Gavilánez, madre del candidato asesinado, desmintiendo al jurista y acusándolo de utilizar el nombre de los familiares «en beneficio político y personal, lo cual está entorpeciendo el proceso de investigación del asesinato».
«Como madre de Fernando Villavicencio, lo desautorizo a dar declaraciones en los organismos de justicia, medios de comunicación y otras instancias como abogado de la familia Villavicencio Valencia (madre y hermanos de Fernando Villavicencio)», dice la carta firmada por Gloria Valencia, que fue publicada en la cuenta en X de Zurita.
Tras ello, Vanegas contestó que asumió la defensa de Galo Valencia Gavilánez, Patricia Villavicencio Valencia y Selva Osorio Villavicencio, que son tío, hermana y sobrina del aspirante a la Presidencia asesinado, respectivamente.
Este grupo de la familia, representados por Vanegas, solicitó a la Fiscalía que analice el teléfono celular de varias personas del círculo político de la víctima, de los partidos movimientos políticos Construye y Gente Buena, que auspiciaron la candidatura de Villavicencio.
Entre los apuntados figura Zurita, así como Antonio López, Carlos Figueroa, Francisco Jácome, Christian Cevallos y Ramiro Orna, integrantes del buró político que acompañaba al candidato asesinado. También se menciona al jefe de seguridad, el coronel Wellington García, y el encargado de seguridad César Gonzaga.
Luego, Vanegas dijo que «lo que el país requiere es encontrar al autor o autores intelectuales del asesinato» y que para esto «se debe explotar todos los dispositivos tecnológicos y seguir las rutas que quedan trazadas en las celdas y concluir la conexión con los detenidos».
Tamia y Amanda Villavicencio, hijas del candidato asesinado, también han brindado declaraciones y han señalado, en entrevista con La Defensa, que los tres familiares representados por Vanegas «lo único que están haciendo, en realidad, es un ‘show’ mediático horrible» y son personas que su padre «siempre quiso mantener fuera de su vida».
«Galo Valencia y Patricia Villavicencio fueron desautorizados por mi padre en vida en participar en su campaña política; y lo que más horrible fue, es que en el momento en el que mi padre muere, después, minutos después, Galo Valencia estaba él postulándose para candidato», manifestó Tamia en la entrevista.
Por otro lado, ambas denunciaron que recibieron amenazas de muerte por parte de un miembro de la Policía Nacional.
Recientemente surgió una nueva acusación. Galo Valencia Gavilánez dio a conocer que Amanda confesó haber lanzado el teléfono celular de su padre a un río de la ciudad ecuatoriana de Cuenca, al sur del país.
«Amanda, nosotros sabemos que César Gonzaga te entregó el celular de Fernando y tú declaraste en la Fiscalía que el celular lo botaste en el río Tomebamba. ¿Por qué será, por qué lo hiciste?», expresó.
Más peleas
La pugna entre los movimientos Construye y Gente Buena también se evidenció poco después del crimen contra Villavicencio.
El excapitán de la Armada Edwin Ortega, dirigente de Gente Buena, ha hecho varios reclamos. En uno de sus mensajes en su cuenta en X se dirige a Zurita, a quien le dice que el apoyo de las bases del movimiento no le pertenece.
«Hasta esta semana das órdenes desde Ecuavisa y Teleamazonas. No tendrás ni siquiera la oportunidad de llegar a conocer a ese 16 % del electorado que confió en Fernando y no en ti», señaló, en referencia al porcentaje de votos que logró en los comicios del 20 de agosto.
Asimismo, hay una disputa sobre a qué movimiento pertenecen los legisladores electos el pasado 20 de agosto para conformar la nueva Asamblea Nacional. De los 137 asambleístas que se eligieron, 28 curules quedaron en manos de la alianza que tenían Construye y Gente Buena.
Francisco Jácome, presidente de Gente Buena, ha dicho que 17 de esos legisladores son de su movimiento; no obstante, la mayoría de ellos se habría alineado a Construye, bajo el liderazgo de María Paula Romo, exministra en el gobierno de Lenín Moreno.
Por su parte, el secretario de Construye, Iván González, señaló que todos los legisladores electos representan a su movimiento y que la mayoría de los curules pertenecen a la lista de ese partido.
El pasado lunes, fue publicada una carta, firmada por Jácome, que está dirigida a Andrea González, quien formó parte de la fórmula presidencial de la alianza Construye-Gente Buena en los comicios, acompañando a Villavicencio y luego a Zurita, en la que le indica que ella no es vicepresidenta del movimiento que dirige.
Fuente RT
