La Policía de Ecuador informó que los delitos que van en aumento en las calles del país suramericano ahora se están cometiendo también al interior de escuelas del distrito Nueva Prosperina, considerado el más afectado por la violencia en Guayaquil, capital de la provincia de Guayas.
«Existe una acción de economía criminal que se está generando en el interior de las escuelas», dijo Roberto Santamaría, jefe policial de Nueva Prosperina, en declaraciones a la prensa.
Detalló que en los recintos educativos de este distrito se está extorsionando a los maestros y estudiantes, para evitar ser agredidos.
El jefe policial mencionó que los extorsionadores, que también serían estudiantes, piden «un dólar, dos dólares» a sus compañeros «para que ese día pase sin ser agredido». En tanto, «les piden 2.000 dólares a todos los profesores de una unidad educativa para dejarles laborar«, explicó.
Santamaría agregó que, además del delito de extorsión, en las escuelas hay «casos de microtráfico» de drogas y de «estudiantes que ingresan armados» a estos lugares.
«Tenemos evidencia de un estudiante que se encuentra armado y disparando dentro de una unidad educativa», manifestó, sin precisar el lugar donde ocurrió ese hecho.
De acuerdo con el jefe policial, la extorsión parece haberse normalizado en todos los sectores del distrito de Nueva Prosperina, donde los delincuentes piden en cada vivienda, igualmente, uno o dos dólares diarios para evitar agresiones.
«La comunidad, por el temor a las represalias, no denuncia, pero nos hacen llegar esta información de forma indirecta», comentó.
Principal preocupación
En Ecuador, el último sondeo Click Report, de la firma Click Research, realizado entre el 2 y el 6 de septiembre pasados, refleja que el 93,41 % de los encuestados considera que la situación actual del país es «mala» y apenas 6,59 % opina que es «buena».
Asimismo, 51,40 % piensa que el principal problema del país es la delincuencia; 9,19 % el sicariato y 3,24 % el narcotráfico, entre otras dificultades.
Actualmente, rige un estado de excepción en todo el país, que fue decretado por el presidente, Guillermo Lasso, el pasado 10 de agosto por un lapso de 60 días.
