El lunes se confirmó el reinicio de las negociaciones entre el Gobierno de Venezuela y el sector de la oposición agrupado en la Plataforma Unitaria, según detalló la delegación diplomática de Noruega en México, que luego fue replicado por las dos equipos negociadores en sus cuentas de X.
El formato, instalado en agosto de 2021 en la Ciudad de México, se planteó como objetivoalcanzar un acuerdo para destrabar la situación política y económica en el país suramericano, con la facilitación del Reino de Noruega, al tiempo que Países Bajos y la Federación de Rusia fungirían como garantes del proceso.
Problemas y exigencias
Pese a la buena voluntad expresada por las partes, en dos años las conversaciones no han avanzado en temas sustantivos y apenas se han cumplido algunos de los puntos de los documentos suscritos por las partes, principalmente por las trabas impuestas por Washington para la liberación de los recursos del Estado venezolano, confiscados en entidades financieras estadounidenses.
A inicios de 2023, el presidente Nicolás Maduro denunció que EE.UU. se negó a entregar unos 3.200 millones de dólares para la ejecución de proyectos en áreas prioritarias, a través de agencias de las Naciones Unidas, e instó a la Administración de Joe Biden a cumplir con lo firmado en noviembre del año anterior.
Desde la Casa Blanca respondieron al mandatario con una amenaza: mantener «intacta» su política de sanciones y bloqueos, hasta tanto no se dieran «pasos concretos» hacia lo que desde Washington consideran «el regreso a la democracia» de la nación suramericana.
Ante la falta de concreciones, el 10 de marzo, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y jefe de la delegación del Ejecutivo en el diálogo, advirtió que solo regresarían a la mesa si EE.UU. levantaba incondicionalmente las sanciones y bloqueos financieros, liberaba al diplomático Alex Saab –encarcelado irregularmente en Florida bajo acusaciones de lavado de activos– y devolvía a las autoridades venezolanas el control de todas los recursos del Estado retenidos fuera de sus fronteras.
Hace algunas semanas, un portavoz de la Casa Blanca reiteró que el levantamiento –aún parcial– de las sanciones está condicionado a lo que la Administración Biden denomina «medidas concretas para restaurar la democracia, que conduzcan a elecciones libres y justas».
Motores electorales
El anuncio del reinicio de las negociaciones ocurre a menos de una semana de que se realice la consulta de la Plataforma Unitaria para seleccionar a su abanderado presidencial, en medio de un escenario plagado de polémicas e incertidumbres.
Así, aunque la Comisión encargada de organizar la consulta solicitó apoyo técnico al Consejo Nacional Electoral (CNE), luego no estuvo dispuesta a seguir los lineamientos del árbitro, demandó garantías que están fuera de su competencia y se decantó por un proceso autogestionado opaco y con escasas garantías para los electores.
Además, en las últimas jornadas, varios aspirantes se han bajado de la lista con distintos argumentos. La lista incluye al dos veces candidato presidencial Henrique Capriles Radonski, al dirigente socialcristiano Roberto Enríquez y a Freddy Superlano, abanderado del partido ultraderechista Voluntad Popular, al que también pertenecen Juan Guaidó y Leopoldo López.
La que se mantiene en la carrera es la ultraderechista María Corina Machado, sobre quien pesa una inhabilitación de 15 años para el ejercicio de cargos públicos y sigue sin estar claro cuál sería el camino a seguir para reemplazar su candidatura, si la restricción no es levantada.
Mientras, del lado del Gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tiene varios meses desplegado en movilizaciones de calle en todo el territorio, cuyo registro gráfico es habitualmente compartido por el propio Maduro en sus redes sociales.
Fuente RT
