La aprobación de una ley que autoriza a una filial de la minera canadiense First Quantum Minerals a explotar cobre en una zona boscosa de la provincia de Colón, a unos 120 kilómetros de Ciudad de Panamá, ha derivado en intensas protestas ciudadanas en las que se demanda al Gobierno del presidente Laurentino Cortizo su derogación inmediata.
Este martes, cuando transcurría la décima jornada de manifestaciones, la Policía Nacional informó que al menos 878 personas –761 adultos y 117 menores– han sido arrestadas por su presunta responsabilidad en delitos de vandalismo y daños a la propiedad desde que iniciaron las reclamaciones.
Del mismo modo, el organismo reportó que en las refriegas han resultado lesionados 39 funcionarios, 22 por objetos contundentes, ocho por armas de fuego y nueve más por agresiones físicas, al tiempo que se computan destrozos en 62 comercios, 48 entidades gubernamentales y 57 vehículos, 46 de los cuales pertenecen a particulares.
Las acciones han incluido el bloqueo de numerosas vías del país, con particular afectación en la provincia de Chiriquí, cerca de la frontera con Costa Rica. De acuerdo con cifras reportadaspor la estatal TVN, los agricultores habrían perdido hasta 60 millones de dólares por el cierre de calles, avenidas y carreteras.
Denuncias de represión y abuso de autoridad
El pasado lunes, medios locales comunicaronchoques entre las fuerzas del orden y los manifestantes en la Avenida 5 de mayo, frente a la sede de la Asamblea Nacional. En el sitio se escucharon detonaciones y la Policía disparó gases lacrimógenos, lo que obligó a huir en estampida a quienes participaban pacíficamente la actividad.
La prensa panameña reportó enfrentamientos en otros puntos de la capital durante la noche del martes, mientras que el fin de semana, las protestas se saldaron con heridos y represión policial, calificada por los asistentes como «brutal».
