El juez de la Corte de Ica, Fernando Vicente Fernández Tapia, ordenó este viernes que el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, continúe cumpliendo una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.
Fernández Tapia tomó esta decisión luego de una controvertida resolución emitida el martes por el Tribunal Constitucional (TC), en la que remitió el ‘habeas corpus’ a este juez de ejecución.
Ese mismo día el titular del TC, Francisco Morales, reconoció a la emisora local RPP que podría «haber un debate» respecto del «alcance de esta decisión», pero confirmó que la acción del tribunal facultaba la excarcelación.
«Esta resolución de aclaración que hemos dictado nosotros despeja el camino para que se cumpla la sentencia del año pasado que estableció la inmediata liberación del señor Fujimori», sostuvo.
Empero el juez declaró este viernes improcedente la ejecución, por lo cual devolvió el expediente al máximo tribunal del país andino.
Reacciones
Una de las primeras políticas en pronunciarse fue la congresista Tania Ramírez, del fujimorista partido Fuerza Popular (FP), en una entrevista con la radio Exitosa, en la cual reprobó la decisión e indicó que el juez debería «acatar las leyes».
«Tenemos convenios, pero eso no significa que lo que se desarrolla en la interna no puede ser acatado», expresó.
Por su parte, el parlamentario Héctor Ventura aseveró que hubo «presiones de varias instancias de organizaciones sociales y de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su sesgo político«.
Ventura, quien también es integrante de FP, declaró a la prensa local que se trata de un «proceso judicial viciado».
Lo dicho por la Corte IDH
En marzo de 2022, el TC declaró fundada la demanda de ‘habeas corpus’ interpuesta a favor del exmandatario, con el cual se pedía la nulidad de una medida judicial que suspendió el indulto otorgado por el expresidente, Pedro Pablo Kuczynski, en 2017.
No obstante, a finales de marzo de ese año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) instó al Estado peruano a «abstenerse» de soltarlo.
«Las sentencias del Tribunal deben acatarse y cumplirse, igual que las resoluciones de la Corte Suprema, pero en este caso la que tiene la prevalencia es la sentencia del TC«, contestó Morales el martes.
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Fallo sigue «vigente»
El procurador público especializado supranacional, Carlos Reaño, agente del Perú ante la Corte IDH, aclaró que el fallo del organismo supranacional «mantiene su vigencia», pues «no ha sido anulada» ni tampoco modificada.
«Aquí existe la obligación constitucional por parte del Estado peruano de cumplir y acatar las decisiones de la Corte IDH«, aseguró al diario El Comercio. «Hay una obligatoriedad del Estado peruano de sujetarse a lo dispuesto por los órganos supranacionales de derechos humanos», añadió.
Por su parte, el exprocurador anticorrupción, César Azabache, calificó la acción ya desechada como «ventana falsa» en un mensaje publicado en X. «Incluso él [Fujimori] termina estas escenas innecesariamente maltratado», aseveró.
«En estas condiciones el saldo de condena puede cumplirse en prisión domiciliaria, con dispositivos de vigilancia. Hay entonces hace más o menos seis años una ruta que puede resolver muchas cosas al mismo tiempo», comentó.
