Trabajadores sanitarios extranjeros advirtieron sobre las precarias condiciones en las que deben realizar sus tareas en Reino Unido. Entre otras cosas, denunciaron violaciones, acoso sexual y explotación por parte de sus patrones, explicando que temen realizar las denuncias por miedo a perder sus trabajos y sus visas.
El Buró de Periodismo de Investigación (TBIJ, por sus siglas en inglés) y la organización benéfica Citizens Advice recogieron más de 170 casos de irregularidades y situaciones de violencia, publican medios locales. En uno de los testimonios obtenidos durante 2023, una cuidadora denunció que fue violada en varias oportunidades, por lo que buscó ayuda en un centro de asistencia, pero no llevó el caso a la Policía por temor a perder su salario y su visado.
Otra contó que debía trabajar 20 horas seguidas sin descanso. «No estoy segura de cómo las empresas de cuidados en un país del primer mundo son capaces de salirse con la suya con el abuso, la explotación y, en pocas palabras, un comercio moderno de esclavos«, manifestó.
Asimismo, los trabajadores de cuidados detallaron que no cobraban por todas las horas que realizaban, que pagaban hasta 30.000 libras esterlinas (unos 38.300 dólares) en concepto de honorarios de contratación ilegales y que les asignaban menos horas que las prometidas.
En el mismo sentido, una persona oriunda de Nigeria se quejó porque cobraban por debajo del salario mínimo y contó que quisieron obligarlos a mudarse a más de 480 kilómetros de distancia, pero como se rehusaron, su empleador revocó el patrocinio laboral.
Durante 2023, el Gobierno británico otorgó casi 106.000 visas a cuidadores, en su mayoría a personas procedentes de India, Nigeria, Zimbabue, Ghana, Bangladés y Pakistán. En el Reino Unido, una visa solo se otorga a un trabajador de la salud o de cuidados cuando el solicitante presenta una oferta de trabajo de un empleador registrado, figura que también se conoce como patrocinador.
Esta situación, según Dora-Olivia Vicol, directora ejecutiva del Centro de Derechos Laborales, coloca a los empleadores en una «increíble posición de poder», ya que mientras dura la visa, el trabajador está atado a la voluntad de quien le permitió llegar al Reino Unido. Por eso, aseguró que «lo que el Ministerio del Interior y los organismos encargados de hacer cumplir la ley tienen que darse cuenta es que, en las condiciones actuales, la gente no denuncia la explotación porque no quiere que sea contraproducente».
