De enero a marzo de 2024, fueron numerosos los actos de violencia contra vidas y propiedades, así como los actos de violencia perpetrados contra la población haitiana. La Red Nacional de Derechos Humanos ha pintado un panorama sombrío durante los últimos dos meses.
“Al menos 208 personas murieron, entre ellas trece agentes de policía. Los cadáveres de cincuenta y cinco de estas víctimas, incluido el de un agente de policía, fueron descubiertos en Puerto Príncipe, Delmas y Pétion-Ville por residentes locales”, según cifras de la organización de derechos humanos.
Al menos ciento cincuenta y ocho personas resultaron heridas de bala en Puerto Príncipe y en las comunidades vecinas, según datos combinados de algunos centros hospitalarios y de la RNDDH.
Los actos de vandalismo e incendios intencionales también han aumentado en los últimos meses. La RNDDH dice que registra ochenta y tres instituciones y/o empresas privadas y públicas atacadas, destrozadas y/o quemadas en Puerto Príncipe y comunidades vecinas, incluidas diecinueve (19) comisarías de policía y cinco (5) tribunales de paz y un (1) tribunal de primera instancia.
Según la RNDDH, muchas casas de ciudadanos fueron saqueadas e incendiadas, especialmente en Puerto Príncipe y Delmas. Miles de víctimas de la inseguridad que se encontraban en campos tuvieron que refugiarse en otros lugares y también surgieron otros campos. Además, se han registrado numerosos casos de secuestros, de los cuales al menos cuarenta y ocho han llegado a los titulares.
La violencia sexual ha aumentado en las últimas semanas. En Croix-des-Bouquets, Bel-Air, La Saline, Pernier y Ganthier, al menos sesenta y cuatro mujeres y niñas son víctimas de violencia sexual, incluida violación en grupo, según datos no exhaustivos combinados de RNDDH y Nèges Mawon.
En cuanto a las dos fugas de prisión y una fuga de una comisaría, la organización de derechos humanos lamenta que hasta la fecha las autoridades penitenciarias no hayan realizado ningún balance.
La RNDDH aprovecha la ocasión para reiterar su posición según la cual los bandidos armados que siembran el terror y el luto entre la población haitiana nunca podrían haber sido tan poderosos sin los vínculos de colusión que mantienen con las autoridades estatales y un partido del sector empresarial privado y sin la seguridad de impunidad de la que disfrutan desde hace varios años.
“En particular desde el 29 de febrero de 2024, con el pretexto de que las coaliciones de bandas armadas G-9 an Fanmi e Alye y G-pèp, agrupadas en torno a una nueva federación llamada Viv Ansanm, lideran una revolución, bandidos armados han estado matando, violando y secuestran a numerosas personas, pisoteando los derechos a la vida, a la seguridad, a la integridad física y psicológica de la población. Continúan extorsionando a la población a través de sus peajes, violando así el derecho a la libre circulación de todos los haitianos dentro del territorio nacional y obstaculizando la circulación de bienes y servicios. Atacan, saquean y queman empresas e instituciones privadas y estatales, así como propiedades privadas de los ciudadanos, violando los derechos al desarrollo y a la propiedad privada de la población y demostrando su poder e intocabilidad”, señala la institución de defensa de los derechos humanos.
La justicia de rodillas
Durante estos meses de terror, la justicia haitiana está de rodillas. Los tribunales fueron, a principios de 2024, el objetivo de bandidos armados, informa RNDDH. Al menos cinco tribunales de paz y al menos un tribunal de primera instancia fueron atacados, saqueados y/o quemados en las jurisdicciones de Croix-des-Bouquets, Fort-Liberté, Petit-Goâve y Puerto Príncipe. Otros se vuelven disfuncionales debido a la inseguridad, como en las jurisdicciones de Gonaïves y Saint-Marc. “Además, desde enero de 2024, los Juzgados y Tribunales aún no han comenzado a funcionar, habiéndose dado la palabra los magistrados, secretarios y alguaciles de abusar de su derecho de huelga”, señaló la RNDDH, antes de recordar que la huelga de los trabajadores del parquet Lanzada el 20 de noviembre de 2023 y levantada el 11 de diciembre de 2023, siguió a la de los secretarios y alguaciles el 12 de diciembre de 2023. “Cuatro meses después, esta huelga continúa. Así pues, desde enero de 2024, todo el sistema judicial haitiano no funciona, sin que esto parezca alertar a las autoridades judiciales”, se queja la RNDDH.
Para él, la indiferencia y la atonía del Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ) hacia las cuestiones que deberían haber recibido su máxima atención, debilitan aún más el poder judicial haitiano.
Sobre la base de todo lo anterior, la RNDDH aprovecha la oportunidad para hacer varias recomendaciones. La RNDDH pide al CSPJ que alcance rápidamente un acuerdo con vistas a poner fin a la huelga indefinida de secretarios y alguaciles, para una reanudación inmediata de las actividades en los juzgados y tribunales del país.
En el Consejo Presidencial de Transición (CPT), la organización de derechos humanos espera que se realicen cambios, apenas asuma el cargo, en la cadena de seguridad en Haití; destituir al director general de la PNH, Frantz Elbe, por grave incompetencia; restablecer condiciones de seguridad adecuadas que permitan a los desplazados por la inseguridad regresar a sus hogares; implementar programas psicosocioeconómicos para víctimas de la inseguridad;
Ademas, gestionar los recursos estatales para que ya no sigan alimentando a las bandas armadas, como se ha observado desde la llegada al poder del primer ministro de facto, Ariel Henry; comprometerse a luchar contra la corrupción y exigir auditorías financieras para el período de julio de 2021 a 2024 del Palacio Nacional y de la Oficina del Primer Ministro por un lado; el Ministerio del Interior y Comunidades Territoriales, el Ministerio de Planificación y Cooperación Exterior y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones por otra parte; y finalmente la Oficina Nacional del Seguro de Vejez (ONA), la Autoridad Aeroportuaria Nacional (AAN) y la Oficina Nacional de Aviación Civil (OFNAC).
Fuente Le Nouvelliste
