SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra 7 de los 8 imputados en la red que captó más de RD$3,000 millones, a través de un esquema fraudulento denominado Investor Winner, desmantelado mediante la Operación Gaviota.
La jueza Fátima Veloz además acogió la solicitud del Ministerio Público, representado por los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguin Liz, Enmanuel Ramírez, Miguel A. Crucey y Alexis Piña, y declaró el caso complejo, por la pluralidad de los hechos y de víctimas afectadas en el caso.
La medida cautelar de Rafael Martínez Batista, Rafael Martínez Colón, William Félix Esquez D’ Oleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Yunior Ariel Espinosa Martínez deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR17) Najayo Hombres. Mientras que Eridania García Veloz de Martínez y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez fueron enviadas a Najayo Mujeres.
Con relación a la imputada Lucía Martínez Colón, el tribunal le impuso una garantía económica de un millón de pesos, a través de una empresa aseguradora; presentación periódica e impedimento de salida, como medida de coerción.
La jueza Fátima Veloz pautó para el 12 de septiembre la revisión obligatoria de la medida cautelar.
Durante la audiencia, además fue desglosado el conocimiento de la medida de coerción contra las personas físicas Ixi Intermecom Srl, Guro Investments Srl, Yirewall SRL, Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (COOPEES), Investor Winner IW SRL, Vagary Consulting SRL, Inversiones Cataleya SRL, Gratia Plena SRL, Ghanima Corporation SRL, Taufik Investments SRL, Taufik Investments SRL, Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva, S.R.L, Inmobiliaria Luz del Ángel SRL, Antoni Carpio Pisos y Construcciones SRL, por la ausencia de los respectivos representantes legales.
Hechos que se les imputan
De acuerdo al órgano acusador, mediante maniobras fraudulentas, la organización criminal prometía a las personas invertir el dinero en actividades de trading, asegurándoles un rendimiento mensual del 10% al 30%.
La red se valía de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para atraer y engañar a las víctimas. Prometían rendimientos inusualmente altos y prácticamente imposibles de cumplir, atrayendo a los inversores potenciales con promesas de ganancias extraordinarias y seguras, mucho más allá de lo que se puede obtener en inversiones legítimas.
Por igual, los imputados reclutaban a los inversores y los convencían de que estaban realizando una inversión legítima. Creaban empresas para captar valores del público sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.
Las captaciones se realizaban por niveles, utilizando decenas de empresas secundarias y terciarias, las cuales supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal. Sin embargo, no existen evidencias de la colocación de la inversión en el bróker, ya que la colocación real es menor al 15% de lo captado.
Los imputados realizaban pagos de intereses con el capital de nuevos inversores, en lugar de utilizar el dinero en inversiones reales. Los estafadores usaban estos fondos para pagar a los inversores que se unieron antes, mostrando una aparente solidez financiera mediante estados de cuenta falsos e informes financieros manipulados para hacer creer que el negocio estaba generando ganancias legítimas y sólidas.
Hacían creer a los estafados que contaban con los permisos de las autoridades reguladoras, como la Superintendencia del Mercado de Valores o la Superintendencia de Bancos, información que fue desmentida por estos órganos.
Para contaminar la investigación y ocultar rastros, cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales, mudándose desde Higüey hacia Dajabón o Azua; algunos, incluso, salieron del país.
Como es común en estos esquemas fraudulentos, estas acciones delictivas han dejado un gran drama humano, con personas que perdieron todos sus ahorros, algunos hasta hipotecaron sus casas y otras propiedades para colocar todo su patrimonio en Investor Winner.
El Ministerio Público tiene en la actualidad numerosas querellas, pero aún hay cientos de víctimas que están en negación absoluta y creen que su dinero está en un bróker internacional. Se niegan a aceptar la realidad de que su dinero no salió del país y que el monto colocado en el bróker no es ni el 15% de lo captado, ya que el Ministerio Público tiene la evidencia de que ese dinero se utilizó en el pago de intereses y otra parte importante fue distraída por los imputados, quienes realizaron viajes, procesos estéticos, adquirieron bienes inmuebles y compraron autos, entre otros gastos e inversiones sustentados con el dinero de los inversores.
En la investigación participaron, en su primera etapa, fiscales de la provincia La Altagracia, y en el desarrollo de la operación, parte de los fiscales de las unidades del Ministerio Público que solo trabajan casos de criminalidad organizada, entre ellos, Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Enmanuel Ramírez, Miguel A. Crucey y Alexis Piña.
