El asesinato de un nuevo líder social en Colombia ha elevado las alertas sobre la responsabilidad del Estado en el resguardo de la población en medio de la violencia, cuando ya la cifra de asesinados ha llegado a 17 en lo que va de año.
La tarde del lunes, el líder campesino y coordinador deportivo comunal colombiano Jorge Luis Betancourt Ortega fue asesinado de tres tiros en su vivienda en el municipio de Montelíbano, en el sur del departamento de Córdoba. Los agresores habrían ingresado a su casa, donde vivía con su esposa y tres hijos.
Betancourt, de 42 años, era coordinador de deportes de la junta de acción comunal del corregimiento San Francisco del Rayo, en el mencionado municipio, según información de la Fundación Cordobexia, organización que registra y acompaña los procesos sociales de campesinos en el sur del departamento.
Según el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, alrededor de 270 líderes del departamento han sido amenazados.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va de año, 17 luchadores sociales y excombatientes han sido asesinados.
Incumplimiento de los acuerdos de paz
En entrevista con RT, el periodista colombiano Ramón Jimeno afirmó que los repuntes de las cifras de asesinatos de líderes en lo que va de año se debe a que el Gobierno de Duque ha hecho que se torne «muy difícil» cumplir con los acuerdos de paz, establecidos en 2016 entre el Estado colombiano y las extintas FARC.
En esos acuerdos, firmados en La Habana, se había establecido que el Estado ocuparía las zonas abandonadas por la guerrilla para evitar que las bandas delincuenciales y de narcotraficantes se albergaran allí. «Esa parte del Gobierno no la cumplió», explica.
