La sentencia de la Tercera Sala de ese alto tribunal aborda el tema de la competencia de los ayuntamientos en materia de uso de suelo
La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) estableció que el diálogo entre los altos tribunales es necesario debido a múltiples factores, siendo uno de ellos el hecho de que la regla de delimitación de sus respectivas competencias, en realidad no traza una precisa línea divisoria respecto de los asuntos que deban conocer los respectivos tribunales, de acuerdo con lo establecido por la sentencia núm. SCJ-TS-24-1930, de fecha 30 de septiembre de 2024.
Lo antes dicho se resume en que corresponde a la Suprema Corte la interpretación de la ley y al Tribunal Constitucional la Constitución.
En la decisión de la Tercera Sala se citan las sentencias TC/0152/13 de fecha 12 de septiembre de 2013, y TC/0296/16 de fecha 18 de julio de 2016, que sientan determinados criterios relacionados con el recurso de casación analizado respecto de la competencia del Concejo de Regidores y la Oficina de Planeamiento Urbano como órgano de la Alcaldía para emitir permisos de uso de suelo particulares o específicos.
La sentencia hace referencia a que de una interpretación correcta de la Constitución y a la Ley Núm. 176-07 del Distrito Nacional y los municipios deriva la facultad que tiene la alcaldía de resolver las solicitudes de uso de suelo particulares, concretas y específicas, pues se trata de actos administrativos de carácter ejecutivo-técnico de su competencia como órgano ejecutivo, mientras que el Consejo de Regidores es un órgano normativo y de fiscalización exclusivamente, que tendrá facultad, en esa materia de uso de suelo, de aprobar regulaciones, políticas o planes generales que deben ser implementados por las Alcaldías.
En ese sentido, precisan los jueces actuantes que el Consejo de Regidores no está facultado para resolver sobre solicitudes particulares, concretas y específicas de uso de suelo (certificaciones de no objeción), las cuales son atribuciones ejecutivo-técnicas
propias de las oficinas de planeamiento urbano como órgano de la Alcaldía.
Sin embargo, como consecuencia de estos precedentes vinculantes y obligatorias, se rechazaron los recursos de casación interpuestos, tanto por el Distrito Nacional como de manera incidental por la sociedad comercial Constructora Inmobiliaria Molina, SRL, y Jorge Serrano Noboa.
Para analizar la sentencia completa emitida por los magistrados Manuel Alexis Read Ortiz (presidente de la citada sala), Manuel R. Herrera Carbuccia, Moisés A. Ferrer Landrón, Anselmo Alejandro Bello F. y Rafael Vásquez Goico, diríjase al siguiente enlace:
