República Dominicana es uno de los cuatro países en Latinoamérica y el Caribe con mayor incidencia de uniones con menores de edad. En 2019, el 32 % de las dominicanas menores de 18 años ya habían contraído matrimonio y el 9 % de ellas ya se había casado antes de los 15 años.
Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) se trata de una situación grave que lesiona los derechos de la población infantil, favorece la deserción escolar y perpetúa la pobreza.
Según explica Francisco Sequeira, coordinador internacional para uniones tempranas de Unicef, esta situación expone a las menores a violencia psicológica, sexual y económica. Por lo general, las uniones tempranas son «una puerta casi directa» al inicio de la maternidad, y esto conlleva consecuencias para la salud tanto de la madre como la del recién nacido, añade.
Horacio Rodríguez, diputado dominicano, señala que, en los últimos diez años, han tenido lugar en el país «cientos» de matrimonios de esta índole.
Sin embargo, el Parlamento nacional aprobó recientemente una ley que prohíbe legalmente el matrimonio infantil.
«La ley admitía antes dispensas, que los jueces podían dar con autorización de los padres. Pero se pudieron comprobar muchos casos en que los padres recibían una remuneración o una suma de dinero a cambio, de un hombre mayor, para que le diera esa autorización, para que pudiera formalizar el vínculo o la unión legal con su hija menor de edad (…) Esto ya no podrá seguir pasando», aseveró.
Lejos de combatir el problema
Con esta nueva legislación, República Dominicana dio un primer paso. Sin embargo, las instituciones son conscientes de que el instrumento legal no será suficiente para combatir el problema.
En este sentido, Rodríguez considera que habrá que esperar una «lenta transición», ya que se trata de un aspecto cultural que sigue siendo admitido como válido en muchos sectores y estatus sociales, sobre todo en los más pobres.
En este contexto, según los expertos, es necesario profundizar en las políticas económicas y sociales que disminuyan las condiciones de pobreza de la población más vulnerable.
Además, urgen mecanismos educativos que permitan superar las normas sociales de género que normalizaron este tipo de prácticas, y empoderar a la infancia dominicana respecto al conocimiento de sus derechos. RT
