La noche del miércoles, miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador detuvieron en su propio despacho a Nercy Montano, alcaldesa de Soyapango, el municipio más poblado del país centroamericano, ubicado a unos 12 kilómetros de la capital.
La orden provino de la Fiscalía General de la República (FGR), quien a través de un mensaje publicado en redes sociales informó de la orden de captura contra la funcionaria.
La Fiscalía acusa a la alcaldesa, miembro del partido oficialista Nuevas Ideas, de los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, incumplimiento de deberes en perjuicio de la administración pública y apropiación indebida de cuotas laborales.
En las últimas semanas, Montano enfrentaba protestas de los trabajadores de la Alcaldía que exigían el pago de salarios atrasados y otras prestaciones laborales, como el aguinaldo que reciben en Navidad, según informan medios locales.
Por ello, el 27 de diciembre los afectados cerraron diversas calles del ayuntamiento, mientras que los empleados del servicio de recolección de basura se declararon en huelga, provocando una crisis sanitaria en la ciudad que obligó al Gobierno salvadoreño a intervenir en la limpieza de los desechos.
«En El Salvador, nunca se combatió la corrupción y mucho menos contra funcionarios del mismo partido del Gobierno. Pero si queremos avanzar como sociedad, debemos entender que esto es una necesidad y que es ineludible. Hay que arrancar lo malo, para que pueda crecer lo bueno», escribió el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter tras conocer la noticia.
Desde principios de diciembre, 8.500 militares y 1.500 policías tienen cercado Soyapango en un esfuerzo por detener a pandilleros y miembros del crimen organizado como parte de la estrategia conocida como ‘Plan Control Territorial’. Esta iniciativa, impulsada por Bukele, utiliza al Ejército y a elementos de la seguridad pública para acorralar a los delincuentes de los municipios más peligrosos del país con el fin de «extraerlos» y, así, terminar con la violencia que azota a la nación centroamericana.
Como parte de su promesa de restaurar la paz y la seguridad en El Salvador, el Gobierno de Bukele decretó a finales de marzo un régimen de excepción que suspende varios derechos constitucionales y refuerza la militarización en las calles. De acuerdo con datos oficiales, la medida ha permitido capturar hasta el momento a más de 60.000 pandilleros y decomisar cerca de 1,4 millones de dólares.
Fuente: RT
