La joven salvadoreña Beatriz falleció en 2017 por un accidente de tráfico, pero para muchos empezó a morirse unos años antes, cuando la justicia de su país le negó el aborto terapéutico pese a que se sabía que su vida corría peligro y que el feto no iba a sobrevivir.
Su caso, convertido en un emblema de la lucha por los derechos reproductivos, fue objeto este miércoles y jueves de una histórica audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que por primera vez analiza un caso relacionado con la negación del derecho al aborto.
En la audiencia, la Corte IDH deberá evaluar si El Salvador vulneró los derechos de la joven.
La sentencia de la corte internacional con sede en Costa Rica se espera para finales de año y podría tener repercusiones en toda Latinoamérica, donde en algunos países las leyes de la interrupción del embarazo son muy restrictivas y fuente de una gran controversia.
El drama de Beatriz (nombre ficticio) evidenció las consecuencias de la penalización absoluta del aborto en El Salvador, donde es tipificado como homicidio agravado y se castiga con largas penas de cárcel —de entre 30 y 50 años— a las mujeres y a los médicos que participen en procedimientos de este tipo.
«Que esto no le vuelve a pasar a ninguna otra mujer»
«Que este caso que le pasó a Beatriz no le vuelva a pasar a ninguna otra mujer», pidió emocionada el miércoles la madre de Beatriz, cuyo nombre también se mantiene en reserva y quien figura entre los más de 40 testigos —entre familiares, médicos, peritos, representantes del Estado salvadoreño— oídos estos días por los jueces del tribunal.
La mujer dijo además que su hija sufrió una «tortura» con la presión de las organizaciones antiabortistas, que se autodenominan ‘provida’, para que desistiera cuando había decidido abortar.
Beatriz era una joven de escasos recursos, originaria deñ cantón La Noria Tierra Blanca, en el municipio de Jiquilisco, unos 100 km al sureste de San Salvador. A sus 19 años fue diagnosticada con lupus eritematoso sistémico (LES), agravado con nefropatía lúpica y artritis reumatoidea, un cuadro que afectaba severamente a su salud.
En 2013, después de haber sido madre de un bebé que tuvo que estar en la incubadora por las complicaciones del parto y que sobrevivió de milagro, volvió a quedarse embarazada.
A las pocas semanas, los médicos detectaron que el feto sufría una malformación congénita, incompatible con la vida fuera del útero y que la idea de seguir con el embarazo podía llevarla a ella a la muerte.
«Los doctores le habían dicho que no podía seguir con su embarazo, que la vida de ambas estaba en peligro y que había una posibilidad de salvar su vida y que podían hacer un tratamiento (aborto), pero que ellos no lo podían hacer», explicó la madre.
En su testimonio del miércoles, el doctor Guillermo Ortiz, que asistió a Beatriz y le practicó la cesárea, reafirmó ante los jueces que la vida de la joven corría peligro y además «no iba a haber supervivencia fetal».
«Solo nos quedaba cuidar la salud de ella y no lo pudimos hacer», dijo.
«No pueden privilegiarse los derechos de la madre»
La joven, entonces con 22 años y embarazada de pocas semanas, presentó una demanda de amparo para se le permitiera un aborto terapéutico, pero meses después la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se lo denegó, con el argumento de que «los derechos de la madre» no podían «privilegiarse» sobre el no nacido.
Poco después, el 3 de junio de 2013, entró en trabajo de parto, fue sometida a una cesárea y el bebé murió cinco horas después.
En octubre de 2017, Beatriz tuvo un accidente de moto que, debido a su frágil estado de salud, terminó con su vida.
Responsabilidad internacional de El Salvador
El caso, muy mediático prácticamente desde el inicio, motivó un largo periplo judicial y llegó a principios del año pasado a la Corte IDH, a la que se pide «que declare la responsabilidad internacional de El Salvador por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial y derecho a la salud».
Finalizada la audiencia, las partes tendrán 30 días para presentar alegatos y hacía finales de año se espera que la Corte IDH emita la sentencia.
En teoría, las medidas que decidan los jueces son vinculantes para los países firmantes, pero las organizaciones de derechos humanos temen que, en caso de que haya una sentencia favorable al aborto, el presidente Nayib Bukele busque la manera de incumplirlas.
Antes de llegar a la presidencia en 2019, sugirió que intentaría modificar la legislación, pero durante su mandato ha dejado claro que no pretende hacerlo.
En una vigilia frente a la sede de la Corte, el hermano de Beatriz acusó al estado de El Salvador de ser responsable de lo ocurrido con su hermana.
«El Estado le negó el derecho a decidir. Necesitaba esa intervención del aborto y el Estado se lo negó (…). Esperamos que en la Corte se haga justicia», dijo.
El fallo, si es favorable al aborto y exige medidas de reparación, podría tener repercusiones en los países que reconocen el sistema interamericano de derechos humanos, algunos de los cuales podrían verse forzados a modificar sus legislaciones.
La interrupción del aborto es legal en países como Argentina, Cuba, Uruguay y algunos estados de México. En Chile se puede practicar legalmente si hay riesgo para la salud de la madre, es producto de una violación o se detectan malformaciones en el feto.
Pero en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana sigue estando absolutamente prohibido.
