El presidente de EE.UU., Joe Biden, extendió, por un año más, la declaratoria de «emergencia nacional» que considera a Venezuela como «una amenaza inusual y extraordinaria» para el país norteamericano.
La medida fue tomada el martes 2 de marzo; sin embargo, fue publicada recién este miércoles por la Casa Blanca.
Esta declaratoria de «emergencia nacional» respecto a Venezuela fue decretada por primera vez el 8 de marzo de 2015, durante el gobierno de Barack Obama, mediante la Orden Ejecutiva 13692.
El entonces mandatario aludió, para la emisión de esta orden, a la presunta erosión de las garantías de derechos humanos por parte del Gobierno de Venezuela, la persecución de opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia, entre otros argumentos.
Actualmente, Biden considera que esas circunstancias descritas en la Orden Ejecutiva 13692 «no han mejorado» y «continúan representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los EE.UU.».
La decisión del mandatario estadounidense será publicada en el Registro Nacional e informada al Congreso del país norteamericano.
Las sanciones
La declaratoria que hizo Obama en 2015 sentó las bases jurídicas para la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela.
De conformidad con esa «emergencia nacional», se emitió la Orden Ejecutiva 13808, del 24 de agosto de 2017, que prohíbe la compra directa o indirecta de valores procedentes del Gobierno de Venezuela.
Luego llegó la Orden Ejecutiva 13827, del 19 de marzo de 2018, que impide toda transacción relativa a la expedición y el uso de cualquier tipo de dinero electrónico.
El 21 de mayo de ese mismo año, se emitió la Orden Ejecutiva 13835, con la cual se recrudecieron las prohibiciones de transacciones u operaciones de refinanciamiento de la deuda venezolana.
Unos meses más tarde, el 1 de noviembre de 2018, salió la Orden Ejecutiva 13850, mediante la cual se bloquearon los activos y se prohibieron las transacciones de personas que operen en el sector oro.
La Orden Ejecutiva 13857, del 25 de enero de 2019, por su parte, designa a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), sus filiales y entes asociados como sujeto de sanciones por parte de EE.UU., y abre las puertas para la confiscación de todos los activos de la nación suramericana en territorio estadounidense.
Mientras que, con la Orden Ejecutiva 13884, del 5 de agosto de 2019, se amplió el programa de medidas unilaterales a «embargo» y se autorizó la aplicación de sanciones secundarias contra empresas o países que tengan relaciones comerciales con Venezuela.
