La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró este martes nuevamente en la Fiscalía de la Nación, esta vez por la desactivación del grupo policial que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).
Convocada para las 9:00 de la mañana (hora local), Boluarte arribó a la sede principal del Ministerio Público, situado en la avenida Abancay, en el centro de Lima, con el acostumbrado anillo de seguridad.
Reportes indican que la jefa de Estado abandonó el lugar tras ser interrogada casi tres horas. Como en otras ocasiones, se retiró sin atender a la prensa.
Su abogado, Juan Carlos Portugal, sí atendió a los medios e indicó que cuatro fiscales le hicieron aproximadamente 50 preguntas a Boluarte. «Respondió absolutamente todo, no fue evasiva», contó.
Se trata de una pesquisa preliminar que la involucra por presunto abuso de autoridad. Se presume que buscó encubrir a su hermano, Nicanor Boluarte Zegarra, quien está señalado de liderar una organización criminal.
El 9 de mayo pasado, el Ejecutivo desactivó el equipo policial que lideraba el coronel Harvey Colchado, quien encabezó previamente un allanamiento al domicilio de la mandataria y una revisión a su residencia en Palacio de Gobierno, por un caso de presunta corrupción, antes de que fuese cesanteado.
El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, quien tomó declaraciones a Boluarte, exigió en su momento reponer el equipo especial policial que apoya la labor del Eficcop.
«No se puede permitir el entorpecimiento y ejecución de las resoluciones judiciales, por lo que levantamos nuestra voz de protesta. Lo que buscan es frustrar las investigaciones que realiza el Ministerio Público», resaltó.
Nuevas denuncias
Este martes la congresista Ruth Luque anunció la presentación de una denuncia constitucional contra Boluarte por haberse ausentado del cargo durante 12 días tras someterse a cirugías estéticas; algo que ha sido desmentido por el Ejecutivo.
Luque pidió documentación para corroborar su asistencia, pero recibió respuestas «parciales», según se lee en la denuncia.
«Existe vacío de información objetiva sobre la agenda presidencial de esos días, evidenciando que la mandataria no cumplió funciones, ni sostuvo actividades públicas ni tuvo reuniones con autoridades o representantes de organismos públicos o sociales», añadió.
Al respecto la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, tildó la medida de «acoso». Consultada por la emisora local Exitosa, aseveró que «lo importante es seguir trabajando unidos».
En la víspera el Ministerio Público presentó otra denuncia constitucional contra Boluarte, en el marco del caso Rolex, por presunto cohecho pasivo impropio en agravio del Estado, es decir, soborno.
Ante esto, el titular del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, lo calificó como simple «ruido» en entrevista en el programa ‘Al Final del Día’ de Canal N. «Yo le auguro a esa demanda constitucional un archivo eliminado», aseguró.
Pero no es la única. En noviembre de 2023, bajo la gestión de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se comunicó una denuncia constitucional por las decenas de muertes en protestas antigubernamentales, bajo los los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves.
Fuente RT
