El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sancionó una ley, ya aprobada en la Cámara y el Senado, que responsabiliza a los agresores de los gastos médicos de sus víctimas.
En un comunicado de Presidencia se explica que la medida prevé que el agresor reembolse los costos relacionados con los servicios sanitarios prestados por el Sistema Único de Salud (SUS), de titularidad pública, a las víctimas de violencia doméstica y familiar, así como los dispositivos de seguridad que sean utilizados.
Con esta medida, «el agresor tiene la obligación de responder por sus actos de violencia contra la mujer, no solo en la esfera penal y en la criminalización de su conducta, sino que también a través de resarcir los daños materiales y morales causados por su conducta ilícita», añade.
Según Presidencia, se trata de reforzar la legislación y las políticas públicas destinadas a frenar la violencia contra las mujeres y, como consecuencia, garantizar la protección a la familia. El proyecto de ley –que altera la conocida como Ley María da Penha, que desde 2006 endureció las condenas por violencia doméstica– entrará en vigor en 45 días a partir de la fecha de su publicación, prevista para el próximo 25 de septiembre.
El Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP) calcula que en el gigante latinoamericano se registra un caso de violencia doméstica cada dos minutos. Tan solo en 2018 hubo 1.206 casos de feminicidios y 66.041 denuncias de violencia sexual. Un 75,9 % de las víctimas tienen vínculos con el agresor porque, en general, se trata de parientes, compañeros, vecinos o amigos.
