El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha mantenido este martes por la noche un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en el país, televisado a toda la nación, en el que ha rechazado las condenas internacionales que se han producido tras la decisión de la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, de destituir a toda la cúpula de la Corte Suprema.
Bukele ha acusado a los representantes diplomáticos de contar solo con la versión de la oposición, de manera que desinforman a sus países. Así, defendió que lo sucedido el pasado fin de semana era legal y necesario para desprenderse de las irregularidades de gobiernos anteriores: «No nos aten al pasado, dejen que soñemos en tener un país superdesarrollado como el que tienen ustedes, estamos trabajando para construirlo».
Además, el presidente defendió que «los jóvenes que llegaron a la Asamblea no han cometido delitos o recibido dinero bajo la mesa», y afeó a los diplomáticos que ellos sí se habían reunido con personas que habían cometido actos dudosos.
«Si ustedes nos siguen sujetando a las cosas que nos han mantenido en el subdesarrollo, nunca nos vamos a desarrollar porque tenemos que cambiar, nosotros no íbamos a cambiar con la misma asamblea, con los mismos magistrados o el mismo fiscal», espetó a los presentes.
Destitución en la primera sesión de la Asamblea Legislativa
La destitución, tanto de los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del país como del fiscal general Raúl Melara, se aprobó con 64 votos a favor y 20 en contra durante la primera sesión de la Asamblea Legislativa. En la misma sesión, acusada de irregular, se nombró a los sustitutos, ya que los suplentes también fueron destituidos.
La Cámara, que se compone de 84 escaños, se encuentra controlada por 64 diputados afines a Bukele, entre los que se incluyen 56 de su partido Nuevas Ideas (NI), lo que supone más de los dos tercios necesarios para enfrentar medidas de esa envergadura. Los parlamentarios fueron electos en los comicios del pasado febrero.
Precisamente, Bukele ha vuelto a justificar la decisión de la Asamblea en su alocución de este martes asegurando que cuenta con la legitimidad necesaria, aludiendo a la reciente expresión de la voluntad popular, ya que «las cosas que están sucediendo en El Salvador son un producto de las elecciones del 28 de febrero, que ustedes [en referencia al cuerpo diplomático] monitorearon muy de cerca», ha sostenido.
Un poder sin contrapesos
La decisión del mandatario, refrendada por los diputados oficialistas y criticada por la oposición por considerarla un «autogolpe de Estado», se engarza con los enfrentamientos que el propio Bukele ha mantenido en varias ocasiones con estos funcionarios por decisiones judiciales adversas para sus intereses e investigaciones del Ministerio Público.
Diferentes expertos han advertido de que los poderes Ejecutivo y Legislativo se quedan ahora sin contrapeso, es decir, sin un poder que controle y ponga coto a cualquier irregularidad que pudiera producirse tanto en el Gobierno como en la Asamblea Nacional, puesto que la Corte Suprema de Justicia es la instancia que conoce sobre los abusos de poder y violación de derechos constitucionales.
Entre los reproches lanzados por distintos mandatarios, los más importantes provienen de EE.UU. Así, el secretario de Estado de, Antony Blinken, telefoneó al presidente salvadoreño para hacerle partícipe de la «profunda preocupación» de la Casa Blanca ante actos que podrían ser parte de una deriva autoritaria; mientras que la vicepresidenta, Kamala Harris, escribió en su perfil de Twitter: «Nos preocupa profundamente la democracia de El Salvador (…) Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte».
Fuente RT
