La agresión contra una niña de dos años en un centro de estimulación infantil de Santo Domingo Este podría tener consecuencias penales severas. De acuerdo con la procuradora fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, Olga Diná Llaverías, los hechos podrían conllevar penas de hasta 30 años de prisión si durante la investigación se determina que encajan en la tipificación de tortura o actos de barbarie.
El caso, que ha generado indignación en la opinión pública, ocurrió en el centro infantil Mi Segundo Hogar, ubicado en el sector Alma Rosa I, donde una maestra fue grabada obligando a una menor a ingerir su propio vómito.
Llaverías explicó que el Ministerio Público no puede ofrecer detalles específicos del proceso debido a que se trata de una investigación en curso que involucra a una menor de edad.
Según indicó, revelar información en esta etapa podría afectar tanto el desarrollo de las pesquisas como la protección de la identidad de la víctima.
“No podemos hablar de procesos en curso porque debemos cuidar la identidad de los niños, niñas y adolescentes, además de preservar el curso de la investigación”, sostuvo.
No obstante, la funcionaria señaló que la gravedad de los hechos determinará las sanciones que podrían aplicarse a la persona responsable.
“Dependiendo de las circunstancias del hecho, pudiera alcanzar incluso unos 30 años, si se establece que hubo tortura”, expresó.
Investigación deberá determinar circunstancias
La fiscal explicó que la calificación jurídica del caso dependerá de varios factores que actualmente son analizados por las autoridades.
Entre ellos figuran la forma en que ocurrieron los hechos, la gravedad de la agresión y si existieron antecedentes o episodios similares dentro del centro educativo.
También se evaluará si hubo una conducta sistemática o si se trató de un hecho aislado.
Debate sobre la preparación del personal
Durante sus declaraciones, Llaverías subrayó la importancia de que las personas que trabajan con niños, niñas y adolescentes cuenten con la formación adecuada para desempeñar ese rol.
Recordó que quienes laboran en centros educativos deben pasar por evaluaciones institucionales y demostrar que poseen las competencias necesarias para tratar con población infantil.
“Todas las personas que trabajan con niños y adolescentes deben estar capacitadas y especializadas para hacerlo”, indicó.
El caso continúa bajo investigación mientras el Ministerio Público reúne los elementos necesarios para determinar responsabilidades y someter el expediente ante la justicia.
