En Panamá, con 102 imputados, concluyeron las investigaciones del denominado ‘Caso Odebrecht’, en el que se indaga sobre los presuntos actos de corrupción con esta empresa brasileña de la construcción, informó el procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa.
Entre los imputados —que en total son 100 personas y dos empresas— están los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019).
El procurador señaló, en declaraciones a RPC Radio, que el expediente de la investigación, que concluyó el pasado 14 de octubre, tiene más de 1.120 tomos y que se lograron 18 acuerdos de colaboración y pena con, al menos, 10 condenas.
Asimismo, durante la investigación, dijo el funcionario, el Ministerio Público panameño pidió 154 asistencias judiciales a distintos países, de las cuales 84 fueron contestadas y en 70 no se tuvo respuesta.
Ulloa detalló que los acuerdos de colaboración alcanzados durante la investigación implican la recuperación de aproximadamente 227 millones de dólares entre bienes, dinero y multas que los implicados tendrán que pagar.
«Este es un expediente sumamente complejo, que yo creo que encontró al país y encontró a la institución en un momento difícil para hacerle frente a investigaciones de esta naturaleza. Sin embargo, hubo que afrontarlo con lo que se tenía», manifestó Ulloa.
Con la investigación culminada, la Fiscalía Especial Anticorrupción podrá entregar la vista fiscal al órgano judicial que lleva el caso, específicamente al Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, a cargo de la jueza Baloisa Marquínez, donde se debe analizar los argumentos del Ministerio Público y decidir si llama a juicio o no a los acusados.
«Confiamos en que el órgano judicial va a estar a la altura de las circunstancias y se va a poder realizar toda la gestión necesaria para que este expediente concluya con la realización de la justicia, que es lo que en estos momentos espera y busca la ciudadanía panameña», añadió Ulloa.
Las posiciones de Martinelli y Varela
Martinelli, acusado de presuntamente participar en una trama de cobro de coimas de Odebrecht, estuvo esquivando la indagatoria fiscal con certificados de incapacidad médica.
En agosto, cuando acudió al Ministerio Público, se acogió al artículo 25 de la Constitución, que establece que «nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional o de policía, contra sí mismo, su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad».
Además del expresidente, han sido incluidos en la trama de Odebrecht sus hijos Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, quienes fueron detenidos en julio pasado en Panamá; pero, la acusación contra ellos fue presentada ante un tribunal de Nueva York, por ello, son requeridos en extradición por EE.UU.
Por su parte, Varela ha hecho frente al proceso. Este lunes, su abogado Erasmo Elías Muñoz emitió un comunicado en el que señala que «la investigación del expresidente gira en torno a si aceptó o no contribuciones políticas para su campaña según las leyes panameñas, nunca por haber aceptado sobornos a beneficio personal».
El jurista insistió que «las contribuciones de Odebrecht a las campañas de Juan Carlos Varela fueron completamente legales cuando se recibieron».
Fuente RT
