Santo Domingo. El caso SeNaSa ha revelado un entramado que, según la investigación del Ministerio Público, habría operado silenciosamente durante años dentro del Seguro Nacional de Salud, desviando recursos públicos destinados a la atención de millones de afiliados.
La investigación —que incluye auditorías, todos los análisis y revisión de más de cuatro mil procedimientos de salud— exponen un presunto modelo de facturación irregular que ha puesto bajo escrutinio la gestión de la ARS estatal y su impacto sobre la sostenibilidad del sistema.
Durante meses, señales dispersas advertían que algo no marchaba bien, reportes de morosidad con prestadores, procesos administrativos sancionados por los organismos reguladores y auditorías aún sin concluir formaban parte de un rompecabezas que empezaba a tomar forma.
El punto de inflexión llegó cuando el Poder Ejecutivo solicitó que las irregularidades detectadas fueran remitidas a la Procuraduría General de la República para su investigación, lo que abrió una línea formal de indagación.
Un sistema que operaba desde dentro
De acuerdo con los elementos recabados por los fiscales, el presunto esquema funcionaría mediante la autorización y pago de procedimientos que no se realizaron, la manipulación de registros administrativos y la emisión de facturas con soportes incompletos o inexistentes.
La investigación señala que el sistema permitía que procedimientos médicos fueran aprobados sin cumplir los protocolos establecidos o sin evidencia clínica suficiente, generando pagos millonarios cuya trazabilidad no coincidía con la realidad del servicio ofrecido.
Uno de los hallazgos más llamativos es la existencia de más de 4.000 procedimientos bajo revisión por posible falsedad o duplicidad, un volumen que, según fuentes judiciales, no corresponde al comportamiento habitual de la demanda de servicios.
Paralelamente, los organismos de control detectan la creación de mecanismos administrativos que no estaban contemplados en las normativas y que facilitaban la circulación de fondos sin los debidos controles.
Auditorías, sanciones y alertas previas
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) había impuesto sanciones a SeNaSa por incumplimientos administrativos relacionados con demoras en pagos y cuestionamientos en la gestión de coberturas.
La Cámara de Cuentas, por su parte, mantenía auditorías abiertas que ya reflejaban inconsistencias en la documentación financiera y operativa.
Estas alertas previas permitieron a los fiscales ingresar a la investigación con una base documental extensa, resoluciones sancionadoras, cartas oficiales dirigidas a la Procuraduría, informes técnicos e informes de prestadores que reclamaban retrasos sin explicación.
El cruce de estas informaciones terminó por conformar lo que el Ministerio Público describe como “indicios de un patrón sistemático”.
La operación cobra forma
La investigación se fortaleció con el análisis de sistemas informáticos, autorizaciones internas y la verificación física de expedientes en centros de salud. Este trabajo condujo a la ejecución de doce allanamientos coordinados por decenas de fiscales, en los que se incautaron computadoras, archivos financieros y documentación sobre pagos a prestadores.
Aunque la fase de arrestos ya es conocida por la opinión pública, la magnitud del caso no se limita a las detenciones. se trata de una investigación estructural que busca determinar responsabilidades individuales y colectivas, desde funcionarios de distintos niveles hasta prestadores que pudieron beneficiar del esquema.
Efectos sobre la red de salud y los afiliados
La posible reducción de fondos afecta directamente a los usuarios del seguro estatal, menos recursos disponibles para medicamentos, cirugías y tratamientos prioritarios. Prestadores consultados han citado retrasos inusuales en pagos durante los últimos meses, lo que coincide con los períodos analizados por los fiscales y auditores.
Expertos en administración de salud advierten que, de confirmarse las irregularidades, podría haber afectación en la sostenibilidad de la ARS estatal, ya que el dinero que debió respaldar atenciones médicas terminó en transacciones cuestionadas. La investigación también examina si se crearon incentivos económicos dentro de la estructura operativa para facilitar el esquema.
Lo que viene ahora
El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ejecutó la fase operativa del caso con la detención de varias personas señaladas como piezas clave dentro del presunto entramado. Entre los arrestados figura el exdirector Santiago Marcelo F. Hazim Albainy , junto a Gustavo Enrique Messina Cruz , Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez , todos señalados por su presunta participación en la autorización y procesamiento irregular de procedimientos y pagos dentro de la institución.
También fueron apresados Eduardo Read Estrella , Cinty Acosta Sención , Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera , quienes, según la investigación, habrían tenido roles vinculados al manejo de autorizaciones, facturación, tramitación de pagos y operatividad interna que permitió que el esquema funcionara.
El Ministerio Público presentará en las próximas horas la formalización de las imputaciones, lo que permitirá conocer con exactitud los tipos penales atribuidos a los señalados y los montos definitivos del presunto perjuicio.
Paralelamente, Sisalril comenzará las sanciones administrativas que corresponden, y la Cámara de Cuentas deberá entregar los resultados finales de su análisis para completar el mapa financiero de la institución.
