El Ministerio Público presentó la solicitud de medida de coerción contra los tres imputados de la Operación Onco14, a quienes señala como integrantes de una estructura que presuntamente sustrajo fondos millonarios del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) destinados a la atención de pacientes del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán, y su exesposa, Dilcia Isabel Vargas Sánchez.
Según el expediente, los imputados habrían utilizado diversos mecanismos fraudulentos para desviar recursos de la institución, incluyendo doble facturación al SeNaSa, alteración de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsificados y cobros por medicamentos y servicios que presuntamente nunca fueron suministrados a los pacientes.
La investigación también detalla la supuesta venta de medicamentos donados, contrabando utilizando exoneraciones fiscales, reembolsos irregulares por gastos de viajes y hoteles, así como la autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios económicos.
El Ministerio Público sostiene además que los acusados crearon estructuras paralelas para distraer fondos y que llegaron a utilizar habitaciones del centro oncológico para la realización de cirugías estéticas, entre otras irregularidades.
Entre los delitos atribuidos figuran asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, lavado de activos y delitos de alta tecnología relacionados con acceso ilícito a sistemas informáticos y sustracción de información.
La audiencia para conocer la medida de coerción fue suspendida la noche de este martes por la jueza Estefani Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, y continuará el próximo jueves 25 de junio con la fase de réplica y contrarréplica de las partes.
La Operación Onco14 fue ejecutada por la Dirección General de Persecución, la Pepca y la Fiscalía de Santiago, con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), en una investigación que busca determinar el alcance de las operaciones atribuidas a los imputados y el perjuicio económico causado al Estado dominicano.
