De acuerdo a las investigaciones realizadas por el Ministerio Público desde octubre del 2020, los militares y policías imputados en la red criminal Coral 5G, atentaron contras sus propios compañeros de armas al crear un esquema de corrupción que distraía fondos desde el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y en Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR).
El expediente del órgano persecutor señala que ese entramado criminal aprovechó sus funciones, su cercanía y apoyo irrestricto del principal ejecutivo del país, para cometer una serie de acciones que se subsumen en tipos penales graves.
El modus operandi de Coral 5G
Crearon empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, los cuales nunca eran entregados, realizándose cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.
Asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para raciones, operaciones de inteligencia, valores que eran utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros de las instituciones.
Nombraron personas de confianza en los departamentos de auditoría, despacho de combustible, almacén, raciones alimenticias, inteligencia, cuentas por cobrar, a los fines de poder mantener el control de lo que se presentaba a la Contraloría General de la República.
Adulteraron cuadres, para presentar informes ficticios que se presentaba a la Contraloría General de la República para fines de dar apariencia de lícitud a sus operaciones.
Elaboraban cuadres reales en los que se evidencian sus acciones delictivas, tendentes a distraer fondos; informe que era usado internamente por el entramado, el cual se encuentra repleto de codinomes que individualizan el gasto real del dinero distraído.
Exigían sumas millonarias como sobornos a empresarios suplidores del CUSEP y CESTUR.
Utilizaron militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, ya que realmente eran fondos extraídos del patrimonio público, a través de instituciones castrenses y otras organizaciones.
Inyectaron dinero en una empresa disfrazada de asociación, que realizó operaciones millonarias típicas de una organización empresarial, pero con el objetivo de evadir la fiscalización de las sociedades comérciales se le dio apariencia de una Organización no Gubernamental.
Crearon varias empresas para adquirir bienes, pero que no presentan operaciones comerciales, porque su único objetivo era la adquisición y construcción de bienes para darles apariencia lícita a propiedades adquiridas productos de acciones delictivas.
Utilizaron varias organizaciones religiosas como escudo, en una maniobra propia del crimen organizado, que busca disfrazar millonaria operaciones de lavado de activos, a través de objetivos nobles, manifestaciones que se repiten desde la Italia marcada por la mafia, como la Colombia golpeada por el narcotráfico y el México de hoy que libra una batalla contra el crimen organizado.
Distrajeron fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres, obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80 y el 90% de lo cobrado, cada mes, para ser distribuido entre los miembros de la organización.
Concertaron entre funcionarios para ejecutar acciones y operaciones contrarias a la ley.
Utilizaron sellos de distintas instituciones públicas como la Contraloría General de la República para darle apariencia licita a las operaciones que buscaban distraer los fondos del Estado dominicano.
Adquirieron decenas de bienes millonarios (casas, apartamentos, autos lujosos y de última generación, fincas, empresas, cuentas bancarias…) para colocar los activos distraídos del patrimonio público y hacerse titulares a través de personas físicas y jurídicas de cuantiosas fortunas.
Poseen y utilizan de manera directa bienes que les permitían tener un estilo de vida propio del crimen organizado.
Ocultaron, disimularon y encubrieron el origen ilícito de los fondos distraídos a través de una asociación de malhechores que realizó de manera sistemática, organizada y coordinada, acciones y omisiones al más alto nivel.
Utilizaron bienes incautados como propios.
Convirtieron recursos obtenidos de las actividades ilícitas en bienes a los que trataron de darle apariencia lícita.
Transfirieron bienes a nombre de tercero, que no tienen perfil económico para adquirir las propiedades que figuran a su nombre a sabiendas de que 14 son producto de los delitos precedentes como estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, desfalco, entre otros.
Encubrieron la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento de bienes y derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes provienen de cualquiera de los delitos precedentes.
Utilizaron miembros de la red que laboraban para un sujeto obligado financiero para poder realizar cientos de transacciones al margen de la ley.
Administraron y utilizaron bienes, a sabiendas de que proceden de delitos precedentes de lavado de activos.
Destruyeron y fabricaron evidencias con el objetivo de evitar que las investigaciones del Ministerio Público pudieran identificar la red criminal.
El expediente de más del 600 páginas del Ministerio Público cita que el entramado societario tenía como principal cerebro financiero y administrador de las propiedades al imputado Rafael Núñez de Aza coronel de la Policía Nacional, quien fungía como gerente financiero a la vez en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y posteriormente, durante los últimos cuatro meses del gobierno de Danilo Medina en el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONANI).
“El imputado Rafael Núñez de Aza se encargaba de desviar los fondos de las instituciones donde intencionalmente era puesto como gerente financiero por sus directores, y adquiría para estos propiedades muebles e inmuebles, además, de cubrir los gastos personales y familiares de estos. Para eso, en concurso con los directores, creó varias empresas que aparentaban suplir combustibles, materiales gastables y hacer reparaciones, sin embargo, los soportes de dichas ventas y servicios eran inventados por el equipo que conformaba el departamento financiero de dichas instituciones”.
De igual forma, Núñez de Aza creó una red que se encargó de colocar a cientos de policías y militares de manera fraudulenta en las nóminas del CESTUR y en la CUSEP, cobrando en promedio entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales, luego distintos miembros del entramado se encargaban de recoger dichos montos, dejando a la persona nombrada solo con un 10% o menos, del salario establecido.
Las averiguaciones del MP revelan que la diferencia entre lo pagado y la especie de comisión iban a distintos miembros 16 de la organización, quienes debían entregarlos a los directivos en las formas que se detallan en los depósitos y transacciones de la presente solicitud de medida de coerción.
Otras de las modalidades en la que la red obtenía fondo era a través de las cuotas que debían entregar distintas unidades y organismos de seguridad del Estado.
