A 20 años de la derogación de las leyes que permitían la impunidad de los crímenes de la última dictadura militar (1976-1983), en Argentina han sido condenadas 1.136 personas que cometieron delitos de lesa humanidad como secuestros, torturas, desapariciones, homicidios y robo de bebés o niños.
De acuerdo con datos oficiales de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en estas dos décadas fueron absueltos 171 acusados, en tanto que actualmente hay 696 personas detenidas, de las cuales 537 gozan de arresto domiciliario. A ellos se suman 21 prófugos.
Las cifras forman parte del balance de la lucha por alcanzar la justicia en un país en el que, según los organismos de derechos humanos, hubo más de 30.000 desaparecidos durante la dictadura.
La importancia de los juicios, que son tomados como un ejemplo a nivel internacional, se revaloró este lunes al cumplirse 20 años del día en que el Congreso anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que impedían que los represores fueran siquiera procesados.
Desde ese 21 de agosto de 2003, los juicios no se han frenado. Hoy se llevan a cabo 17 juicios orales y públicos y hay otras 73 causas a las que solo les falta la fecha de inicio.
«La anulación de estas leyes dio un impulso fundamental para reabrir las causas por los crímenes de la dictadura y continuar haciendo justicia, una demanda histórica del movimiento de derechos humanos y de la mayoría de la sociedad argentina», recordó este lunes el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones humanitarias más importantes del país sudamericano.
«Este proceso de justicia, que nos distingue como país en la comunidad internacional, representó una política estratégica para la subordinación del poder militar al gobierno civil y una bisagra ética de la democracia que recuperamos hace 40 años», explicó.
El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, recordó que la derogación de las leyes fue una de las primeras políticas por la memoria, verdad y justicia que impulsó el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).
Historia
Los crímenes cometidos durante la dictadura permanecieron en la impunidad durante décadas y el avance de los juicios ha sido accidentado.
En 1985, dos años después de recuperada la democracia, se llevaron a cabo los juicios a las Juntas Militares que gobernaron al país durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional, el eufemismo utilizado para evitar usar la palabra «dictadura».
En ese juicio fueron condenados los nueve militares que encabezaron el golpe de Estado de 1976 contra el Gobierno de Isabel Martínez de Perón y que después se alternaron en el poder durante el periodo más sangriento de la historia moderna del país, en el que las violaciones a los derechos humanos fueron cotidianas y masivas.
Al año siguiente se aprobaron las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, rebautizadas en conjunto como «leyes de impunidad» porque impidieron que fueran juzgados los represores que habían desaparecido, secuestrado, torturado y asesinado a decenas de miles de opositores.
El pretexto era alcanzar la reconciliación nacional, dejar atrás los crímenes y no juzgar a los mandos menores de las Fuerzas Armadas con el argumento de que «solo» habían obedecido órdenes de sus superiores.
Las condenas de 1985 fueron echadas por la borda cuatro años más tarde por el expresidente Carlos Menem, quien indultó a militares, funcionarios de la dictadura y también a guerrilleros que habían sido condenados en otros juicios. En total, fueron beneficiadas más de 1.200 personas.
En cuanto asumió como presidente en mayo de 2003, Kirchner impulsó los juicios y logró que el Congreso derogara las leyes de impunidad, lo que después fue validado por la Corte Suprema.
Gracias a esa política, en 2006 se realizaron los dos primeros juicios orales en los que fueron condenados los policías Miguel Osvaldo Etchecolatz y Julio Simón.
Más tarde vendrían juicios emblemáticos, como los que protagonizó el dictador Jorge Rafael Videla, quien, a diferencia de la mayoría de los dictadores latinoamericanos, murió preso en 2013; o el de la llamada «megacausa ESMA«, en referencia a los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, que fue uno de los centros clandestinos de detención más grandes de la región.
Fuente RT
