SANTO DOMINGO, R.D. — La perito de la Cámara de Cuentas, Ledy A. Paulino García, detalló este lunes, ante las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, las irregularidades identificadas durante las auditorías realizadas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), correspondientes al período 2012-2020.
El fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Jonathan Pérez Fulcar, confirmó que, según lo expuesto por Paulino García, se verificó que el coronel Rafael Núñez de Aza y otros miembros del entonces Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) figuraban en la nómina del CONANI, bajo la estructura liderada por el general Juan Rafael Torres Robiou, cobrando viáticos y otros beneficios, por el ejercicio de funciones administrativas, sin autorización del Ministerio de Administración Pública y la Contraloría General de la República.
De acuerdo con la acusación, el coronel Rafael Núñez de Aza era el cerebro financiero del entramado corrupto organizado por Adán Cáceres para defraudar dinero del erario, desde las tres instituciones desfalcadas: CUSEP, CONANI y CESTUR.
Pérez Fulcar también indicó que el informe del CUSEP revela un desfalco millonario a través de la manipulación de la nómina, corroborando las declaraciones del mayor Raúl Alejandro Girón sobre los gastos en inteligencia y compras de raciones realizadas sin los debidos soportes.
A pesar de los intentos de la defensa por cuestionar la credibilidad de Paulino García, el fiscal Jonathan Pérez Fulcar aseguró que las pruebas presentadas son contundentes.
En respuesta a los alegatos de insuficiencia de pruebas por parte de la defensa, el Ministerio Público reiteró que en cada etapa de este proceso se ha demostrado la responsabilidad de los acusados, quienes fueron sometidos a prisión preventiva y enviados a juicio de fondo, donde se espera que reciban condenas ejemplares.
Anomalías identificadas en el CUSEP
Dentro de las anomalías identificadas está la ausencia de estados financieros y la falta de registro en el Sistema de Gestión Financiera (SIGEF) y la sustracción de recursos a través de las nóminas. Así como pagos a personal que no labora en la entidad y a empleados de otras instituciones del Estado.
Además, Paulino García destacó que se identificaron pagos a proveedores con lazo de consanguinidad con funcionarios de la entidad, por un valor de RD$121,926,235 y se constató la falta de contratos formales en los procesos de compras y contrataciones, lo que, junto a la inexistencia de un Sistema de Inventario de Materiales y Suministros y de la función de Auditoría Interna, expone las graves debilidades en el control interno de la entidad, durante el período analizado.
La auditoría también reveló que se realizaron pagos sin cumplir con los procesos de selección establecidos por la ley, además de numerosos desembolsos sin respaldo de facturas. Mientras que la distribución de combustible y raciones alimenticias se llevó a cabo sin las reglamentaciones internas necesarias.
Estos hallazgos han sido incorporados como pruebas por el Ministerio Público en el caso Coral y Coral 5G, contra los policías y militares acusados de defraudar al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones.
La audiencia fue recesada para el próximo viernes 6 de septiembre, para dar continuidad al contrainterrogatorio de Ledy A. Paulino García por parte de la barra de la defensa.
